“En el 95% de los delitos que se cometen en el país  hay una motocicleta, y estamos siendo conservadores”. Como las declaraciones del vocero de la Policía, el general Máximo Báez Aybar, revelan que en la institución  del orden saben donde está el problema y quienes son los responsables, la pregunta resulta inevitable. ¿Qué está haciendo la Policía para enfrentar la delincuencia motorizada? Por las vueltas que dio el vocero policial cuando tocó el tema, el pasado domingo, durante una rueda de prensa, puede colegirse que en realidad no existe un plan concreto, salvo “el sentido común” de los agentes policiales, para enfrentar esa modalidad delictiva, pero sí quedó claro que la institución se siente  obligada a ser prudente para no afectar a “personas decentes” que utilizan las motocicletas como medio de transporte o para procurarse el sustento. Y eso está muy bien y es lo correcto, pero esa prudencia no puede ser una excusa para que, a estas alturas del problema, no se haya diseñado una estrategia agresiva aunque se ocasionen algunas molestias a gente que solo está trabajando. En este punto es de justicia señalar que  tanta indefensión ante los delincuentes motorizados no es solo culpa de la Policía, pues a pesar de todo lo que se ha cacareado al respecto,  y de los  numerosos  anuncios, todavía no hemos sido capaces de identificar y registrar a las personas que se dedican al motoconcho,  lo que ayudaría muchísimo tanto a las autoridades como a la ciudadanía a   diferenciar mansos de cimarrones. Sin ese sistema de  registro e identificación, que ya probó su eficacia en otros paises que, en su momento, se vieron acosados por  esa modalidad delictiva, tendremos que seguir dependiendo de la prudencia o el sentido  común de la Policía para diferenciar a los delincuentes de la gente decente, mientras le rogamos a la virgen de la Altagracia que no permita que seamos la próxima víctima de sus desmanes.