HUCHI LORA
A Máximo Gómez le robaron su espada, y a su caballo, las riendas. A Luperón lo visitaron también los rateros metálicos. Las tapas de las alcantarillas han sido robadas y fundidas. Las tarjas de casi todos los próceres han sido sustraídas. La costosa verja del Conservatorio de Música desapareció. Barrios enteros se han quedado sin servicio de electricidad o de teléfono porque los ladrones se han llevado los cables. Se han robado las lámparas de muchos parques y los postes del alumbrado de la avenida Jacobo Majluta, que no caben en ningún bolsillo.

Esta asombrosa situación deja clara la inexistencia de la vigilancia en nuestras vías públicas, y explica también el auge del crimen.

Casi todos estos robos están impunes, pero en los casos en que la autoridad ha descubierto y detenido a los culpables de estos delitos anti sociales, entran al Palacio de Justicia por una puerta y salen por la otra, de la mano de un abogado y gracias a una fianza, a continuar su lucrativo negocio.

Esto es posible porque el tratamiento judicial que se le da es el de un simple robo, aunque es claro que no es lo mismo sustraerle un racimo de guineos a un ciudadano, que dejar sin luz a toda una comunidad.

Esto último es de extrema gravedad.

Los delincuentes se roban los “ojos de gato”, señales lumínicas que se colocan en el pavimento para marcar la vía y evitar accidentes automovilísticos, así que los cacos son responsables de muertes por accidentes que con mucha probabilidad se hubieran evitado si las indicadas señales permanecieran en su sitio.

Lo mismo se puede decir de las barreras metálicas que se colocan a los lados de las carreteras. Todo esto significa que se trata de delitos de lesa sociedad, para los cuales se deben crear sanciones especiales en el Código Penal, en vista de su peligrosidad, atentatoria contra la seguridad de todos los ciudadanos.

En Santiago fueron sorprendidos Francisco Javier Pérez (El Pavo) y un tal “Junior la Volanta”, cuando se llevaban en una camioneta todos los cables eléctricos

del barrio Los Salados, ataviados con uniformes de técnicos del Programa de Reducción de Apagones que se hicieron ellos mismos.

Cuando los moradores les preguntaban qué hacían por allí, les explicaban que iban a sustituir todas las líneas para mejorar el servicio. Contentos y esperanzados, varios vecinos de Los Salados les brindaban jugo y café.

El ministerio público solicitó contra ellos medidas de coerción consistentes en prisión preventiva por tres meses, pero esto fue posible porque también están

involucrados en un atraco a mano armada. Si los procesaran sólo por haber dejado todo un barrio a oscuras, saldrían en seguida a la calle.

Claro que sólo la vigilancia y la investigación pueden frenar a estos pillos, pero también es necesario legislar para establecer la figura que proponemos, “delitos de lesa sociedad”, como circunstancia agravante que conlleve mayores penalidades, tomando en consideración la gran cantidad de personas que resultan afectadas.

Ojalá que alguna de las escobitas nuevas que van al Congreso quiera comenzar barriendo bien y se haga cargo de esta iniciativa.