La costumbre de los candidatos a cargos electivos en la política dominicana de prometer, inclusive lo que saben que no pueden cumplir, se ha convertido en un hábito, el cual si nosotros fuésemos un país desarrollado, serían pasivos de poder ser sometidos por violar la ley de promesas engañosas.

Hemos escuchado -y valga la aclaración- de parte de todos los candidatos acciones que de tratar de cumplirlas, pasaría no sólo el cuatrienio al cual aspiran sino muchos años más, y sin embargo, los seguidores y después votantes, no quieren intuir de lo imposible que resultaría cumplimentar el compromiso ofrecido sin ninguna posibilidad o garantía para realizarlo.

Los partidos políticos más organizados y sobre todo mayoritarios, presentan en cada elección un “programa de gobierno” que se supone ejecutarían de ser favorecidos por el voto popular.  Si analizamos los mismos después de la desaparición de Trujillo, podemos llegar a la conclusión que ninguno ha podido materializar las múltiples y a veces inalcanzables realidades prometidas.  Es más, la mayoría de las llamadas obras “suntuarias” o “monumentales” han sido ejecutadas con préstamos internacionales.  En consecuencia, la deuda pública, tanto nacional como internacional, ha crecido a niveles que podríamos calificar de “altamente peligrosos” y que podrían poner al Estado dominicano en indefensión, lo que equivaldría a un Estado fallido.

Un ejemplo de lo que acabamos de señalar sobre promesas de campaña lo constituye la visita de inspección que hizo el señor Presidente de la República a un puentecito que le habían solicitado en su primer mandato y diez años después el mismo no había sido concluido.  Este caso no es aislado ni es una excepción.  Otros mandatarios incumplieron promesas hechas para cifrar esperanzas en sus seguidores que resultaron ficticias.  Esos mismos ciudadanos son los que todavía no han aquilatado el valor de su voto.  Cuando un representante de una comunidad candidato a un cargo electivo se compromete a una obra y no la cumple, debería haber una acción de la Junta Central Electoral (JCE), que le impidiera optar por una nueva candidatura.

En ese sentido, la JCE, no obstante estar en estudio en las Cámaras legislativas por más de diez años el anteproyecto de la Ley de Partidos Políticos debería llevar un registro para evitar que elementos demagógicos se burlen impunemente de ciudadanos que de buena fe creen en sus ofrecimientos.  La JCE debería hacer un esfuerzo, de modo de adecentar las candidaturas de hacer un paralelismo entre esas falsas promesas y la ley de promesas engañosas.  De ese modo se acabaría el arribismo y la idea de que cualquier pelafustán con cierto visos de popularidad, pero sin condiciones éticas y morales, pueda aspirar y obtener un cargo electivo.

Durante la historia republicana, la ciudadanía ha sido víctima del populismo que enarbolan individuos que piensan sólo en “obtener ventajas” y buscarse prebendas y canonjías sin otorgarle beneficio alguno a sus votantes.  Lo peor del caso, es que siempre que hay elecciones, tanto de legisladores y alcaldes como presidenciales, ocurre lo mismo, el votante sólo es necesario para el sufragio, luego el candidato es libre para convertirse en tránsfugo sin que exista una sanción por dicha acción.  Creemos que acciones como esa deben ser proscritas por la JCE, imponiendo el veto para que ese indeseable no pueda seguir engañando a sus conciudadanos.  Acciones como esa, darían credibilidad y respeto a nuestra institución rectora en las elecciones.