POR UBALDO GUZMAN MOLINA
El censo de extranjeros anunciado por el gobierno debe realizarse sin discriminar a los haitianos, declaró el sacerdote José Núñez, director del Servicio Jesuita a Refugiados de América Latina y Caribe.

Entiende que con el censo se tratará de determinar el número de ilegales extranjeros, la mano de obra externa que necesita el país y la cantidad que debe ser repatriada.

Sostuvo que habría que repatriar no sólo a los haitianos, sino también a ciudadanos de otras nacionalidades.

Exhortó a las autoridades a preguntarse cuántos extranjeros viven en el país que lo único que hacen es traer drogas o incentivar el crimen y la violencia. Expresó que uno de los problemas que originará el censo será cómo determinar quién es dominicano y quién es indocumentado, sobre todo de la población descendiente de haitianos.

«¿Cómo tú me vas a determinar con un censo quién nació en República Dominicana y quién no nació en este país, de cualquiera de los inmigrantes?», se preguntó el sacerdote Núñez.

A su juicio, se debe definir muy bien la política de ese censo para evitar los problemas de discriminación con los haitianos ilegales, lo que cree generaría un problema de derechos humanos.

Indicó que otra gran dificultad del censo será cómo encontrar a los extranjeros, sobre todo en una población flotante, como la haitiana.

«¿Cómo vamos a determinar dónde están los extranjeros?, volvió a preguntarse el religioso.

Cree que otra dificultad será la existencia de gente en el país que se puede sentir discriminada y creer que el censo será para repatriarla, ya que esa gente abandona el país y después vuelve.

Recordó que los censos de Estados Unidos han sido «fallidos», ya que los ilegales se esconden para no ser censados.

Favoreció que se realice una insistente campaña para decirle a la persona a censarse que no se le tomará el nombre, a fin de que no tenga el miedo de que serán luego expulsado.

A su juicio, el conteo de la población extranjera implicaría un gran proceso de sensibilización por los medios de comunicación en todo el país, que sería costoso.

«Un censo puede contribuir, pero tiene que ser un censo sin discriminación. Un censo para regularizar gente que tiene veinte o treinta años en el país. Nosotros apostamos por una regularización», sostuvo.

Citó el caso específico de los españoles y dijo no saber cuántos ilegales hay en la República Dominicana y que «hace un año y medio pensábamos que había unos 10,000 españoles ilegales».

Sostuvo que en la República Dominicana hay personas que viven azuzando para que saquen del país a los haitianos, a pesar de que los utilizan como mano de obra barata.

A su juicio, la Dirección de Migración no ha regulado y ha dejado a la voluntad del capital, la entrada de la mano de obra extranjera en el país.

Indico que ese organismo no regula la gente que viene a trabajar en los hoteles, ni los haitianos.

«El Servicio Jesuita a Refugiados no está contra las repatriaciones. El que está indocumentado el país tiene derecho a repatriarse, pero conservando y protegiendo los derechos», sostuvo.

Dijo defender al dominicano de descendencia haitiana para que obtenga su documento de identidad, «y a los extranjeros yo los defiendo para que se les conserven sus derechos humanos».

Cree que la ley de Migración tiene varios artículos que discriminan a la población haitiana en la República Dominicana. «El censo debe ser para definir una política clara de la migración de todos los extranjeros que están en el país, pero una política de migración justa, que defina bien claro cuáles son los inmigrantes que tenemos», sostuvo.

Admitió que la República Dominicana no puede continuar con el 70% de extranjeros residiendo ilegal e irregularmente en el país, la mayoría sin documentos.