Será el próximo 19 de enero cuando se conocerá la demanda de amparo que fue sometida por un grupo de ciudadanos/as y organizaciones civiles contra el presidente Leonel Fernández, para que sea el Tribunal Superior Administrativo quien le ordene al primer empleado público a cumplir con la constitución y aplicar las sanciones que establece la ley de función pública, al señor Hotoniel Bonilla García quien funge como el actual incumbente de la Dirección Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), por este haberse constituido en la retranca en la lucha contra la corrupción.
Estos ciudadanos han descubierto una veintena de casos donde se han registrado irregularidades en la administración de los fondos públicos, claros desfalcos cometidos contra el estado por diversos funcionarios públicos, expedientes que han sido avalados por auditorias de la Cámara de Cuentas de la Republica, remitidos a la DPCA por ese órgano y que en palabras de los demandantes: el Honorable Hotoniel Bonilla se niega someter a la justicia, porque a este le da su santa voluntad.
Este jueves 19 de enero a las 9 de la mañana, será cuando el tribunal superior administrativo, ubicado en la calle Juan Sánchez Ramírez, Esq. Socorro Sanchez de Gazcue, efectuará una audiencia para empezar a conocer el amparo que busca que el presidente cumpla la ley.
Además, los ciudadanos y grupos civiles en esta audiencia pedirán la inclusión de nuevas pruebas, en la que solicitaran el testimonio de Jorge Subero Isa y Eglis Margarita Esmurdoc, exjueces de la suprema corte de justicia, quienes fueran las personas sindicada por Hotoniel Bonilla como los integrantes principales de una estructura en el poder judicial, que supuestamente impedían el procesamiento efectivo de los casos de corrupción en jurisdicción privilegiada, esto lo exigen en pos de que se aclare las razones del porque los casos corrupción Rep. Dominicana no han sido procesados.
En otro tenor, informaron que el Dr. Reemberto Pichardo Juan (quien funge como demandante y de los abogados en la defensoría del caso) sigue en recuperación de las lecciones provocadas en sus piernas por dos balas, en un intento de asesinato en su contra y esperan que el mismo siga mejorando para que se integre al proceso de lucha contra la corrupción que emprenden; reclaman que la fiscal del distrito nacional cumpla con lo establecido en los artículos 22, 259, 260 y 261 del código procesal penal e investigue el caso, ya que a esta fecha el ministerio publico se ha hecho de la vista gorda ante la situación, no integrándose a la investigación como lo manda la ley, exigen las investigaciones lleguen a las ultimas consecuencias, además de advertir que no toleraran amedrentamientos de partes del poder establecido.
Los ciudadanos y grupos civiles que se han aglutinado en una alianza titulada Ciudadanxs Contra la Corrupción (C3), anunciaron que la lucha que han iniciado no se quedará en el espacio de los tribunales y no solo en esta acción de amparo, han avisado que en los próximos días darán a conocer más acciones y actividades, además de una web donde se podrá obtener más información y los ciudadanos podrán integrarse en esta lucha.