El Centro Juan XXIII demandó del Gobierno dar a los  funcionarios corruptos el mismo trato  que se les dio a los ejecutivos del desaparecido Banco  Intercontinental (Baninter).

Al participar como invitados al encuentro económico que realiza esta sección cada semana, los miembros del equipo de coordinación de la entidad consideraron que la justicia dominicana dio un paso de avance en el caso Baninter, porque sancionó a figuras que eran intocables.  Sin embargo señalan la necesidad un “Baninter político”, para hacer frente a la corrupción estatal.

Por esta razón  abogaron porque en el país se establezca un procurador independiente con el objetivo de que cuando llegue un expediente de corrupción contra un funcionario público  no haya intervención del Gobierno.

Asimismo criticaron que desde el Estado se defina como “debilidades institucionales”, a actos ilegales que van en detrimento de la República Dominicana.

Para Mario Bergés, presidente del Centro Juan XXIII, la corrupción es “un crimen de cálculo” porque se aprovecha de  las oportunidades para abusar de la autoridad y beneficiarse personalmente, superando los riesgos y los costos de respetar la ley.

Bergés también  insistió en que los mismos niveles de corrupción impiden que el país dé  garantía de su seguridad jurídica, debido a que la población  no  tiene respuestas  a sus principales problemas sociales; entre ellos la seguridad, educación y salud. Los representantes de la organización reiteraron  que un país que no cuente con seguridad jurídica, donde   la  transparencia en la cosa pública sea cuestionada, no garantiza ningún tipo de inversión.