San Diego (EE.UU.).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) interpuso hoy una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por separar a una madre de su hija cuando ambas llegaron a la frontera para solicitar asilo político.

La demanda presentada ante la corte del distrito sur de California cita el caso de una mujer originaria de Congo que se entregó junto con su hija en noviembre pasado a agentes migratorios en San Diego alegando que temían por su vida en su país natal.

La mujer, cuyo nombre no es revelado en la demanda, obtuvo una entrevista con un oficial de asilo, quien habría determinado que su argumento era creíble y que podía calificar para recibir asilo político seguido de su proceso migratorio.

Pese a ello, ella se mantiene recluida en un centro de detención al sur de San Diego, mientras que su hija fue enviada a más de 3.000 kilómetros de distancia, a un centro en Chicago (Illinois) en donde ha permanecido los últimos cuatro meses.

Una vez que fueron separadas, la madre identificada como “la señora L” en la demanda, pudo escuchar a su hija que se encontraba en otra sala, “frenéticamente gritando” para que la regresaran al lado de su madre, detalla la demanda. ACLU cree que esta acción coincide con reportes que indican que la Administración federal considera separar a padres de sus hijos una vez que lleguen a la frontera para desalentar la llegada de más solicitantes de asilo.

“El Gobierno de Trump está usando a esta niña pequeña y su madre como peones en su experimento draconiano de política pública”, acusó Lee Gelernet, subdirector del proyecto de derechos de inmigrantes de la ACLU.

“No sólo es horrible arrancar a esta niña de su madre, no hay ninguna justificación legal para ello”, agregó. Este caso se suma a otros incidentes similares que han sido denunciados públicamente por activistas defensores de derechos humanos en los últimos meses.

Hace algunas semanas, una coalición de 50 organizaciones nacionales y otras 150 agrupaciones de 33 estados del país enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en la que pedían frenar la separación de padres e hijos en la frontera.

“Tememos que estas acciones tendrán consecuencias significativas y duraderas para la seguridad, salud, desarrollo y bienestar de los niños, por lo que solicitamos urgentemente que la Administración invierta el rumbo de cualquier política que separe familias”, se lee en la carta.

En noviembre pasado, José Demar Fuentes fue separado de su hijo Mateo, de 1 año, una vez que estuvo en custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que entonces argumentó que había dudas sobre el parentesco del padre con el menor.

La agencia señaló que históricamente algunas organizaciones dedicadas al tráfico de personas juntan a adultos con niños que no son sus hijos para “minimizar la posibilidad de ser detenidos en la frontera”, por lo que es necesario que los solicitantes presenten la documentación debida.

Finalmente, a principios de este mes, autoridades migratorias entregaron el niño a su madre, quien también solicitó asilo político, aunque en una fecha posterior, mientras que el padre continuaba recluido.