POR JUAN MARIA RAMIREZ
Para que haya una sociedad menos excluyente, democrática y participativa, una verdadera reducción de la pobreza, es fundamental la puesta en marcha del Sistema Nacional de la Seguridad Social, con el Seguro Familiar de Salud (SFS) en sus tres componentes, así como el Sistema Nacional de Salud, como estable la Ley 42-01.

Así lo advierten ocho organizaciones sindicales y gremiales mediante una carta al presidente Leonel Fernández en la que señalan que el retraso para la puesta en vigencia del SFS afecta todo el desarrollo de Sistema Nacional de Salud, previsto en la Ley 42-01 y sus reglamentaciones y amenaza las posibilidades de alcanzar los Objetivos y Metas del Milenio.

Entre las organizaciones que hacen el señalamiento figuran: La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Foro Ciudadano, Coordinadora de la Salud de la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social, Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Colegio Médico Dominicano, Coordinadora de Salud del IDSS, y Gremios de Enfermerías.

Las entidades consideran que el retraso en el SFS afecta a toda la población y los componentes del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS).

Aseguran que esos retrasos son consecuencias del virtual secuestro a que ha sido sometido el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), por parte de un sector que lo mantiene inmovilizado con la finalidad de hacer prevalecer sus intereses particulares por encima del interés general.

A esto las organizaciones sindicales y gremiales suman la falta de voluntad de algunos para asumir el marco legal y reglamentario vigente y avanzar, en el tiempo previsto legalmente, en la reestructuración del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y otras instituciones públicas y privadas que deben conformar el Sistema Nacional de Salud y aplicar el SFS en sus tres regímenes.

Señalan que los mismos sectores, que no identifican, pretenden orientar iniciativas con miras a que todo siga igual y configurar un engaño para los trabajadores y la población en general.

Aseguran que las maniobras se traducen en una elevada carga financiera para el Estado y un alto perjuicio para la salud y la economía familiar de la mayoría. Recuerdan al mandatario que la experiencia internacional muestra que los países subdesarrollados con mayor éxito en construir capital humano y social, en los cuales las poblaciones son menos vulnerables a los períodos de crisis, han sido aquellos que aplicaron políticas sociales de largo plazo de carácter universal.

Sostienen que la enfermedad de un miembro de la familia es una de las principales causas de quiebra de las microempresas en la República Dominicana y la vejez se han convertido en una tragedia familiar por los costos de atención y la carencia de protección social.

En la comunicación dirigida al mandatario los principales gremios de los sectores salud y sindical valoran los esfuerzos de algunos representantes gubernamentales, pero advierten que estos no serán suficientes mientras persista la actitud de otros de manipular los espacios de diálogos con el objetivo de mantener sus privilegios sin importale la mayoría.

Subrayan la necesidad de construir las redes institucionales de protección social que permitan alcanzar los Objetivos y Metas del Milenio, ya que la pobreza y la exclusión social son dos de las más importantes barreras para el desarrollo.

Sostienen que con el retardo en la entrada en vigencia del SFS, con el Plan Básico de Salud (PBS) está en juego el tipo de sociedad y de desarrollo a que aspiran los dominicanos.

“Presidente, se trata de defender el futuro, no el pasado”, precisa el documento enviado al primer ejecutivo de la nación.

Expresan que se ha perdido demasiado tiempo, desde que en 2001 fueron promulgadas las leyes de reforma del sector salud y de la seguridad social y las enormes expectativas de la población tienden a convertirse en frustración.

El documento insta a la sociedad y al Estado utilizar todos los medios constitucionales y las leyes, para reactivar de inmediato el Consejo Nacional de la Seguridad Social, reasumir la legalidad del sistema, y dar inicio de inmediato al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud.