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LUPERÓN. Puerto Plata. Dirigentes y miembros de varias organizaciones campesinas, sociales y comunitarias de la zona Oeste de esta provincia demandaron del Gobierno modificar los límites del parque nacional Hispaniola y reducir las zonas protegidas creadas mediante decreto, a fin que se respete el derecho de cientos de familias a trabajar y comer dignamente
Los representativos de este municipio, Candelón, El Castillo, El Estrecho, La Mara y Barrancón protestaron porque el decreto 571-90, atenta contra el potencial económico y productivo de nuestro suelo y trunca la capacidad de nuestra gente para generar riquezas, según un documento dado a conocer en el encuentro.
El texto fue leído por el empresario Alex Recarey, quien denunció que contra ellos se cometía una injusticia, y que ninguna autoridad nos ha consultado, pero menos aún se nos ha prometido compensarnos por el daño ocasionado, convirtiéndose esta acción en un crimen contra una comunidad que se afana por su derecho a simplemente sobrevivir.
Pidieron al presidente Leonel Fernández y al ministro de Medio Ambiente y recursos Naturales, Jaime David Fernández Mirabal, que protejan a una población que por más de cinco siglos se cae a pedazos, y que hoy más que nunca, con el desafuero de un decreto violatorio del derecho a la vida, pero penosamente favorecedor de intereses individuales, está acorralada y sin esperanza.
La actividad se desarrolló en el parque local. La glorieta y áreas aledañas fueron abarrotadas de personas que vociferaban consignas en demanda del respeto a su derecho a sobrevivir en el espacio de terreno que les vio nacer. La invocación a Dios fue hecha por el pastor Ovidio Basilio.
El decreto. La disposición oficial crea varios parques nacionales, reservas biológicas y científicas, santuarios marinos y refugios de vida silvestre.
El el decreto 571-90 en su artículo 5 crea el Parque Nacional La Hispaniola, con una superficie de 54.83 kilómetros cuadrados y con el propósito de conservar el patrimonio cultural del Sitio Histórico La Isabela.
Los lugareños alegan que ese decreto los condena a un futuro incierto para quienes hemos dejado el pellejo, sudor y sangre en esta tierra que ha sido nuestro sostén, a la que ciertamente hemos sido los verdaderos protectores terrenales de la misma a través de los años.
Escuchen su voz. Demandan del Gobierno modificar los términos de ese decreto, en lo que respecta a los límites creados, en razón de que, según afirmaron, atenta contra su derecho a sobrevivir en sus terrenos, y dijeron esperar que el presidente Fernández escuche la voz de esta comunidad.
