Hoy 
POR ODALIS MEJIA
Unas 32 entidades de la sociedad civil y 129 personalidades demandaron del gobierno tomar las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de Sonia Pierre, su familia y los integrantes del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana (MUDHA).
En un manifiesto dado a conocer ayer, las instituciones plantearon que se armonice la Constitución y las leyes conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos a fin de resolver las contradicciones que tiene el marco legal dominicano con relación a la nacionalidad.
En tal sentido, expresaron que todos los órganos constitucionales, y en particular la Junta Central Electoral (JCE), están prohibidos de realizar actos o regulaciones que tengan efectos discriminatorios que vulneren los derechos fundamentales de las personas, en este caso, el de la nacionalidad de todos los dominicanos de ascendencia haitiana. Sostienen que el Estado está en la obligación de prevenir y evitar la apátrida, por lo cual debe otorgar la nacionalidad a todas las personas nacidas en su territorio, conforme lo planteado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia a favor de las niñas Violeta Yean y Jean Bosico. También que el Estado debe proteger a todas las personas que se encuentran en su territorio de forma igualitaria, efectiva y sin discriminación y además de garantizar el libre y pleno ejercicio de todos los derechos y las libertades.
Afirman que el Estado aplica medidas de intimidación que son incompatibles con las buenas prácticas de un estado democrático y de derecho y más aún cuando las agresiones contra Sonia Pierre tienen un contenido claramente racista, xenófobo y discriminatorio, dirigidas a su persona como mujer, como afro descendiente y como dominico haitiana.
Aseguran que las acciones contra Pierre contravienen las normas de la Convención contra el Racismo, la Discriminación y la Intolerancia y en la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer. Condenaron a la Fuerza Nacional Progresista quien pidió a la JCE la nulidad del acta de nacimiento de Pierre, por entender que con esa acción, la entidad busca vulnerar los principios democráticos y los derechos fundamentales de los dominicanos de ascendencia social, quebrantando la paz social.
Plantearon la necesidad de construir una política migratoria sobre bases justas y respetuosas de los derechos de las personas, partiendo de acuerdos binacionales de regulación del proceso de migración a largo plazo, conforme a los estándares internacionales. Demandaron que el Estado y algunos sectores de la sociedad dominicana abandonen el discurso alarmista y excluyente sobre el tema migratorio, dado que imposibilita un planteamiento que aborde realmente el fenómeno de la migración y el problema de la xenofobia.
Entre las organizaciones que firman el manifiesto están: la Colectiva Mujer y Salud, Ce-Mujer, el Centro para Acción Femenina, Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo, Solidaridad Fronteriza.
También el Centro Latinoamericano de Desarrollo de la Mujer, Instituto de la Salud, Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó, Mesa Nacional para las Migraciones, Red Dominicana de Periodistas con Perspectiva de Género, Fuerza de la Revolución, Colectivo de Organizaciones Populares, Instituto de Pedagogía Popular, entre otras.
