Hoy 
ODALIS MEJIA
o.mejia@hoy.com.do
Tres entidades de consumidores solicitaron a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor para conocer el uso de alrededor de RD$57 millones provenientes de la suprimida Dirección de Control de Precios y ante un supuesto derroche de los recursos.
La demanda es realizada por los presidentes de la Asociación Dominicana de Consumidores, José Hungría Castillo; del Frente Nacional de Defensa al Consumidor, Nelson Minaya, y de la Fundación Didáctica Dominicana, Lorenzo Mercedes.
Acusaron a Carmen Meléndez, directora ejecutiva del instituto, de violar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública por negar datos que han solicitado, así como a la Ley de Defensa al Consumidor en lo relacionado con el aporte del Estado a las organizaciones de consumidores para su educación y defensa.
Dijeron a demás que Meléndez ha ofrecido informaciones falsas a los consumidores, ya que justificó, mediante espacios pagados, las alzas en varios productos de primera necesidad.
Expresaron que esto implica que el consumidor no tiene a quien recurrir y no hay quien diga nada en su defensa y muestra de eso es que en los establecimientos comerciales se violan los pesos y medidas.
Criticaron que esto ocurre pese a que hay 129 inspectores de precios en el Instituto de Protección al Consumidor, los cuales no están haciendo nada.
Señalaron que a más de seis meses de estar en el cargo, Meléndez no ha redactado los reglamentos de aplicación la Ley de Defensa al Consumidor porque supuestamente no conoce la materia.
