Aunque la mayoría de dominicanos albergamos la esperanza de que aspectos importantes de nuestro país, específicamente en la gobernanza, tendrán que cambiar, debemos de tomar en cuenta que no es un cambio de sistema lo que se ha originado en las elecciones recién pasadas, sino un cambio de gobierno.

La estructura del Estado con sus males ancestrales seguirá vigente y solo a base a una férrea voluntad política podrán lograrse algunos cambios orientados a corregir  distorsiones propias de los gobiernos clientelistas del Partido de la Liberación Dominicana cuya influencia data de 16 años de dominio ininterrumpido.

A esta situación se suma una peligrosa crisis de salud originada por la pandemia del COVID-19 que trae consigo un, no menos grave, estado de desastre económico que inducen a ocupar la atención del presidente recién elegido, dejando, momentáneamente de lado, asuntos menos urgentes.

Menos urgentes no quiere decir menos importantes porque nadie duda del valor que tiene para el país la escogencia del gabinete que habrá de seleccionar el presidente Luis Abinader en base a la capacidad y solvencia moral de los escogidos quienes deberán regirse, bajo vigilancia del pueblo, por un estricto código de conducta ética.

El reiterado anuncio de la designación de una, o un  procurador general de la República independiente del poder ejecutivo, es una de las tareas principales del nuevo presidente para perseguir a quienes hayan cometido actos de corrupción en el pasado y a quienes osen cometerlos en la  gestión de gobierno próximo a inaugurarse.

La corrupción es el peor mal  que afecta a nuestra sociedad y por eso hay que prevenirla y combatirla, desde el inicio mismo del nuevo gobierno.