Democracia

Una de las imperfecciones más notables de nuestra democracia es su sorprendente desdén ante la competencia desleal y el ventajismo que suele manifestarse en los procesos internos de los partidos.

Se trata de un contradictorio respeto por la autonomía partidaria que, a final de cuentas, fomenta las condiciones de desigualdad en las oportunidades de competencia.

Ninguna regla limita el monto de la inversión en campaña a topes accesibles para todos los contendores, y esto trae como consecuencia que el que tiene más dinero generalmente aplasta al que tiene menos, o que se desconozcan candidaturas ganadas en buena lid para favorecer pactos coyunturales entre organizaciones políticas.

Nuestra democracia no se inmiscuye en la forma en que los partidos y sus candidatos obtienen e invierten recursos para financiar sus campañas, y si alguna fiscalización ejerce está limitada al reducido ámbito de la financiación estatal.

En un ámbito más general, nuestra democracia mantiene los plazos excesivamente largos de las campañas políticas y no establece pautas acerca de los recursos económicos y medios utilizados en promoción política.

De la misma manera, nuestra democracia mantiene el plazo enorme y tedioso de la transición para la transmisión del mando.

Deberíamos luchar por una democracia que ponga más énfasis en la administración justa de las oportunidades y observe con más celo la ética de las organizaciones que le sirven de sostén.

Morbosidad
Algunos sectores manosean con morbosidad espantosa el tema haitiano, y particularmente lo que en ese contexto vincula a la República Dominicana.

Esos sectores no pierden la menor oportunidad para atribuirle condición de política de Estado a cualquier incidente o situación que se produzca en territorio dominicano y que tenga entre sus protagonistas a ciudadanos haitianos.

No se puede afirmar que la República Dominicana viola los derechos de los inmigrantes haitianos porque ejerce su soberanía en materia migratoria.

Nadie afirma, por ejemplo, que Estados Unidos, Canadá, Francia o cualquiera de los grandes amigos de Haití viola los derechos de los inmigrantes de cualquier nacionalidad por el solo hecho de repatriar a los que no se ajustan a los cánones de permanencia legal.

Los últimos dos períodos de Gobierno de la República Dominicana han tenido en común su posición de defensa del pueblo haitiano y su reclamo a la comunidad internacional para que ayude a resolver los graves problemas económicos, sociales e institucionales de ese Estado.

La morbosidad en el manejo de este tema ha llegado hasta el grado de manipular organismos internacionales para que dicten sanciones contra la República Dominicana bajo alegato de violación de derechos de inmigrantes haitianos.

Definitivamente, hay quienes prefieren la morbosidad y la infamia antes que hacer algo realmente útil por el desvalido pueblo haitiano.