Honestamente, del avispero generado ante la decisión de la Junta Central Electoral de asumir el 85% del costo de las primarias simultáneas, lo que más llamó mi atención es el eufemismo.
Hasta ahora, el debate se ha centrado en si estos torneos electorales internos debe pagarlos la Junta, o, si por el contrario, los partidos. Esto último lo han pedido funcionarios como los ministros Administrativo y de Economía, organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana y otros partidos como el Reformista.
Su línea argumentativa parte de dos aspectos, siendo el primero que la recién aprobada Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos señala que los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística.
El segundo es que el Estado tendría que embarcarse en una modificación del Presupuesto Nacional y restar recursos a otras áreas. Ahora bien, independientemente de si el costo mayoritario lo asume la Junta o lo asumen los partidos, la realidad es que, en última instancia y en ambos casos, quien está pagando es la ciudadanía.
Por eso y en aras de ella, urge que en República Dominicana mejore la calidad democrática y la actuación partidaria, dejando algunos de sus principales representantes «mucho que desear».
Un ejemplo reciente es la decisión a de la Comisión Bilateral que estudió el proyecto de Ley del Régimen Electoral de mantener el arrastre en el voto de senadores y diputados, lo que es antidemocrático e inconstitucional, debido a que nuestra carta magna, en el artículo 208 establece que: “El voto es personal, libre y directo. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”
Precisamente, decisiones como esta, explican el nivel de insatisfacción con la democracia, como sistema, y con los partidos, como representantes, que tiene la ciudadanía en la actualidad, y que lo han venido evidenciando de manera sistemática encuestas como el Latinobarómetro.
En los últimos dos años el apoyo a la democracia en República Dominicana ha perdido 16 puntos, pues en el 2016 contaba con el respaldo del 60% y en el 2018 fue de 44%.
La perspectiva con los partidos políticos no es distinta, sólo el 14% expresó confianza en las organizaciones partidistas.
Entonces, si la confianza y la credibilidad son ejes fundamentales del sistema democrático, y en el país andan tan bajo una cosa como la otra ¿por qué pagar tan caro una democracia de tan mala representación y con poca garantía de derechos?