BUENOS AIRES (EFE).- La consolidación de la democracia en Latinoamérica no logró mitigar las múltiples formas de la violencia que se ejerce contra los niños y los adolescentes, un problema que será objeto de un estudio especial por parte de Naciones Unidas.

El especialista brasileño Paulo Sergio Pinheiro, a cargo de este estudio, dijo hoy a EFE que uno de los «grandes vacíos» de América Latina es «la ausencia de libertades democráticas para los niños en la familia, en la escuela y en otras instituciones».

El experto está en Buenos Aires con motivo de que en esta ciudad se está realizando la consulta latinoamericana con vistas a la redacción del informe mundial que será presentado en 2006 en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Pinheiro señaló que el estudio que le encomendó la Secretaría General de la ONU «no será un catálogo de horrores sino un semáforo de alerta de las prácticas inaceptables» contra los menores de 18 años, que, según dijo, «se dan en todos los países del mundo».

«En la región, uno de los principales problemas es la violencia doméstica. No hay libertad democrática en el hogar, que se ha vuelto uno de los lugares más peligrosos para los niños. Los padres hacen lo que quieren con los niños», indicó el experto, también miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la lista de las formas que asume la violencia infantil en la región está el «trabajo esclavo», las «cientos de miles de niñas que son empleadas domésticas», las pandillas juveniles y la casi nula atención que se presta a los niños indígenas, afro-descendientes y discapacitados.

«Otro problema es la dificultad de los gobiernos democráticos en transformar sus instituciones, especialmente las fuerzas de seguridad. La escena de la policía reprimiendo con bastones a los jóvenes se repite en todo el continente. La democracia, en veinte años, no logró cambiar las políticas contra los jóvenes, especialmente los que comenten infracciones», dijo Pinheiro.

Para el experto, en Latinoamérica hay una «tendencia generalizada a la represión y la criminalización de los niños y jóvenes que tienen conflictos con la ley», con el preocupante aditamento de que en muchos países hay menores recluidos a prisión perpetua.

«Los niños no deben ser tratados sólo como criminales. También son víctimas porque ellos son reclutados. Los estados tienen que reprimir con dureza al crimen organizado y al narcotráfico y, al mismo tiempo, tener una política de rehabilitación de los niños», señaló.

Pinheiro remarcó que en los presupuestos públicos de los países de la región hay «porcentajes ridículos» destinados a la protección de los derechos de la infancia, lo que se contradice con las expresiones públicas de «buena voluntad» de los jefes de Estado.

Sostuvo que los gobiernos «no pueden poner como excusa que son pobres» porque «países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay son de desarrollo medio».

«Pero para no suicidarnos intelectualmente, lo positivo es que los países latinoamericanos son democráticos y reconocen los problemas en este campo, lo que contribuye a alcanzar soluciones. Y otra cosa decisiva es la gran energía participativa de la sociedad civil», añadió.

Pinheiro dijo que aunque en los Objetivos del Milenio, fijados por Naciones Unidas para 2015, no hay nada específico sobre la violencia contra menores, es «imposible» resolver ese problema sin cumplir esas metas de carácter socio-económico, pues el 56 por ciento de los casi 200 millones de niños y adolescentes latinoamericanos son pobres.