Hoy 
El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, pisa sobre firme cuando asegura que las elecciones de mayo próximo pondrán a prueba el sistema político dominicano. Es una realidad que el narcotráfico no escatima recursos en su afán de colocar fichas a su favor en el juego institucional, y lo es también el hecho de que ese esfuerzo encuentra ambiente propicio en partidos que no respetan su propia democracia interna.
Un tercer factor es que los mismos partidos agudizan sus debilidades intrínsecas al fomentar el transfuguismo, una práctica muy socorrida en este proceso y en torno a la cual pueden moverse capitales espurios. La Junta, esta vez más que nunca, ha tenido que lidiar con abundantes casos de irregularidades relacionadas con los derechos de elección, incluyendo la proporcionalidad en materia de género.
Queda en evidencia que los propios partidos le allanan el camino a los afanes de dominio político del narcotráfico, dominio que persigue, más que cualquier meta, garantías de impunidad para sus operaciones ilícitas de trasiego de sustancias y lavado de capitales tóxicos. Las circunstancias colocan en primer orden de prioridad insistir en la aprobación de una ley de partidos. Corresponde a todos estar alertas y vigilantes ante este asedio.
Saña militar en servicio privado
El asesinato de Eduardo Miguel Cabrera Santana, de 16 años, y Sordy Rafael Stward, de 17, a manos del teniente Rafael Sierra Pérez, de la Fuerza Aérea Dominicana, es una expresión brutal de ensañamiento que obliga a retomar el expediente de los militares y policías asignados a particulares. El oficial, según la Policía, estaba encargado del cuidado de una finca privada del kilómetro 22 de la autopista Las Américas.
Haber matado a tiros a estos muchachos por una travesura menor y ocultar sus cadáveres, es un acto repudiable que la Justicia deberá castigar con el máximo de rudeza admitido por la ley. Pero hay que dilucidar también las circunstancias en que este militar fungía como guardián de una finca privada y si había sido asignado a esa función por sus superiores. Hay dos casos por dilucidar: dos muertes injustificables y que llenan de pesar, y un servicio militar de vigilancia privada que obliga a dar explicaciones claras y precisas.
