Por la mayoría de los análisis realizados acerca del comportamiento económico-social en el recién finalizado año podemos inferir que parece que avanzamos en lo que se refiere a los esfuerzos de construcción de bienestar para todos y todas los que habitamos en esta media isla. Los datos disponibles permiten esta conclusión. Ello no quiere decir que no se reconozca el gran trecho que aun nos falta por recorrer en este caminar, pero ciertamente anima el ánimo resultados como los exhibidos por el Banco Central y por la mayoría de los analistas con base en los indicadores económico-sociales disponibles. Esto debe servir de motivación y ser ocasión para continuar con el incremento de los esfuerzos que deben ser sostenidos en esta dirección en el año que recién inicia, y de la confianza en nuestra capacidad de construir relaciones sociales más incluyentes para mayor número de dominicanos y dominicanas.
Ahora bien, producto de este comportamiento económico se hacen presentes realidades nuevas que tienden a complicar el panorama social y político al colocar demandas más complejas a los actores políticos. Como se ha observado en diversos análisis un producto del desempeño indicado ha sido,tanto en nuestro país como en otros países de la región, el crecimiento de las “clases medias”. Este hecho ha producido y debe producir modificaciones importantes en el comportamiento social que se expresa ya en la irrupción de demandas sociales “nuevas” propias de estas clases. O por lo menos en el mayor peso relativo de estas demandas. La lucha contra la corrupción y la impunidad que ha hecho irrupción en buena parte de los países de la región parece explicarse en función de esta modificación del contexto en la dirección que venimos indicando.
No quiere decir que en años anteriores esta demanda de manejo decente de los recursos públicos no estuviera presente. Pero, ciertamente la capacidad movilizadora de la misma en el presente es mucho mayor que antes y ello parece explicarse en razón de la consolidación de sectores sociales –las capas medias- más sensibles a estas demandas y capaces de convocar y articularse en torno a las mismas aportando un protagonismo convocante anteriormente ausente. Al mismo tiempo, y por otra parte, se mantienen y se extienden las demandas de los sectores más empobrecidos de la sociedad que, al mismo tiempo que son interpelados por las demandas anteriores protagonizadas por las clases medias también tienen y presentan demandas propias según la especificidad de su condición.
Parte de lo interesante de la situación es que pone en jaque a los actores políticos al demandarles la suficiente lucidez para desarrollar la capacidad de articular respuestas diferenciadas a sectores sociales diferentes: por un lado, las llamadas clases medias y por el otro, los sectores populares en el contexto de la construcción democrática como ideal socio-político. Y esto en un contexto en cual, tal como señala Boaventura de Sousa: “Lo nuevo hoy es el hecho de que las clases populares se hayan apropiado del ideal democrático, entrando en el juego democrático, a pesar de las condiciones adversas y de las muchas frustraciones, dándoles al concepto y a la práctica de la democracia significados nuevos y más ricos (democracia participativa), expandiéndolos hacia campos sociales antes vedados al juego democrático (familia, escuela, comunidad, relaciones entre sexos y entre grupos étnicos) y conquistando a través de las luchas democráticas algunos derechos importantes.” (Boaventura Sousa Santos y José Manuel Mendes, editores, Akal, 2017).

Así, la democracia se pone a prueba en la región al mostrar su capacidad para propiciar inclusión social y política ampliando los espacios para la movilidad social de la expandida exclusión social.