MONTEVIDEO (AFP).- La lucha contra la corrupción es clave para la consolidación de la democracia, pues los delitos de cuello blanco contribuyen a erosionar la base de apoyo al sistema.

«(…) Mientras más se cree que se ha avanzado en la lucha contra la corrupción, más confianza en las instituciones se tiene», afirma la encuesta regional Latinobarómetro 2003.

«La corrupción (10%) está cuarta en la lista de problemas más importantes después de tres expresiones de la misma problemática de desigualdad: el desempleo, los bajos salarios y la pobreza, que juntos suman 50%», afirma el sondeo.

«La corrupción aparece en este contexto como segundo tema principal de la región, por encima de la delincuencia (quinto lugar)», dice.

Ello sitúa a «la lucha contra la corrupción en un lugar preponderante, como problema prioritario, en el proceso de consolidación de la democracia, por encima de la educación y la delincuencia», concluye Latinobarómetro.

La lista de ex mandatarios procesados por corrupción en América Latina es larga.

El ex presidente paraguayo Luis González Macchi (1999-2003) fue procesado en agosto de 2003 por el presunto desvío de 16 millones de dólares del Banco Central a una cuenta bancaria en Nueva York, y en noviembre del mismo año fue imputado junto a su esposa, Susana Galli, por enriquecimiento ilícito.

Se trata del segundo mandatario paraguayo procesado luego de que Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) fuera condenado a cuatro años de cárcel por el delito de «lesión de confianza» por el desvío en 1996 de 50 millones de dólares del Banco de Desarrollo.

En Argentina, el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) fue sobreseído en un juicio por contrabando de armas a Ecuador y Croacia durante su mandato, aunque sigue siendo investigando por supuesto enriquecimiento ilícito con cuentas que él y sus allegados tendrían en bancos suizos.

Menem estuvo bajo arresto domiciliario durante 167 días en 2001 como presunto jefe de una asociación ilícita que vendió armas en forma ilegal a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.

En Nicaragua, el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002) está preso y procesado tras ser acusado en diciembre de 2002 de presuntas operaciones de lavado de dinero y fraudes contra el Estado valorados en 100 millones de dólares.

En Ecuador, el ex mandatario Gustavo Noboa (2000-2003) fue sometido a un proceso por haber presuntamente perjudicado al Estado en 9.000 millones de dólares con la refinanciación de la deuda, pero se asiló en República Dominicana tras alegar una persecución política en su contra.

El también ecuatoriano ex presidente Abdalá Bucaram, destituido por «incapacidad mental para gobernar» por el Congreso en febrero de 1997 (había asumido en agosto de 1996) en el marco de protestas, tiene seis procesos abiertos por diversos delitos de corrupción. Está asilado en Panamá desde febrero de 1997.

Fabián Alarcón (febrero 1997 – agosto 1998), que sucedió Bucaram en forma interina, fue condenado por «piponazgo» -haber nombrado, cuando era titular del Congreso, 1.200 empleados públicos que no asistían a trabajar pero cobraban el sueldo-.

En Perú, el destituido presidente Alberto Fujimori, refugiado desde 2000 en Japón, es objeto de un pedido de extradición de su país para juzgarlo por dos matanzas en la lucha contra Sendero Luminoso. También se le abrieron procesos por currupción en el marco de la red montada por su ex asesor Vladimiro Montesinos.

El dos veces ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) fue removido de la presidencia en mayo de 1993 luego de que la Corte Suprema determinara que existían méritos para enjuiciarlo por la malversación de 17,2 millones de dólares de fondos secretos del Estado. Fue condenado a una pena de dos años y cuatro meses en mayo de 1996, buena parte de la cual ya había cumplido.

A fines de 2001, Pérez fue objeto de una acusación de parte de la fiscalía por presunta corrupción en el caso de las cuentas mancomunadas con su ex secretaria y actual esposa Cecilia Matos.

El también ex mandatario venezolano Jaime Lussinchi (1984-1989) fue procesado por malversación de fondos, pero el caso prescribió en 2002, mientras residía en Costa Rica.

En tanto, los países de la región no salen bien parados en el Indice de Percepción de Corrupción (IPC) 2003 de Transparencia Internacional, que sitúa a los países en una escala de 0 a 10.

Así, Chile es el país latinoamericano mejor ubicado, en el lugar 20, con un índice de 7,4, por encima de Estados Unidos e Irlanda.

Uruguay es el siguiente país de la región mejor ubicado, con 5,5 puntos, en el lugar 33. Le siguen Cuba y Trinidad Tobago, en el puesto 43 con 4,5 unidades.

En el otro extremo de la nómina, entre los países altamente corruptos, se sitúa Haití en el lugar 131 con un índice de 1,5, Paraguay, en el puesto 129 con 1,6 unidades, y Ecuador en el lugar 113, con 2,2 puntos.

Argentina está en el puesto 92, con 2,5 unidades, y México se ubica en el 64 con un índice de 3,6.

Colombia, El Salvador y Perú se ubican en el lugar 59 de la lista, con un índice de 3,7, por detrás de Jamaica, que ostenta 3,8.

Brasil se sitúa en el lugar 54, con 3,9 puntos, por detrás de Costa Rica, que ocupa el puesto 50.