Mucho se percibe que el país marcha hacia una lucha electoral de contendores situados en desigualdad. Mayor acceso a recursos del poder para la parte oficialista, más el dinero del fisco que por ley va a los partidos. El proyecto de reelección, en vías de aglutinar a varias fuerzas, está llamado en el 2016 a recibir 1,530 millones de pesos. Así reforzado se enfrentaría al resto de la oposición limitada a obtener solo 170 millones. Hay mandatos de ley que pueden ser todo lo legal que se quiera pero expresan injusticia. Y no se percibe voluntad en los organismos que deben reaccionar para propiciar equidad. Que pongan fin a privilegios y abundancias, para un lado, y desventajas para los otros.

El dinero es clave en la atrasada política criolla y el asistencialismo y la captación de voluntades tienen éxito sobre votantes manipulables por la propaganda intensa y las dádivas abundantes, que solo son posibles cuando hay muchos recursos, restándose espacio al debate de ideas. El uso desbordado de medios económicos, como suele hacerse desde arriba con el añadido de aportes de contratistas beneficiados por un auge de inversiones estatales, envilece la política dominicana; el ejercicio de libertad no puede estar reducido a echar votos y se cuestionaría la legitimidad de una expresión de la “voluntad popular” lograda con la ventaja del tamaño de un Goliat privilegiado contra un débil David en un campo en el que las hondas sirven poco.

Mayor relieve a un asunto grave

El propósito del procurador general Francisco Domínguez Brito de solicitar una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura ha generado un debate; pero al margen de consideraciones jurídicas procede ya llevar de algún modo al Presidente de la República a poner personal atención sobre este escándalo de jueces en función de sus facultades concernientes al Poder Judicial.

Este país es un todo, aunque a veces se prefiera ver solo hacía el lado en que parece color de rosa. La preocupación, de abrumadora presencia en todos los medios, por lo que ocurre en los tribunales debería estar en el primer plano de atención de quienes gobiernan, con importancia mayor al prematuro accionar electoral. Los liderazgos en general están obligados a impedir que el afán electorero dé espaldas retóricamente a las urgencias nacionales y la crisis de lo judicial es una de ellas.