En el siglo XIX, John Stuart Mill planteaba que los gobiernos representativos están expuestos a enfermedades y peligros. Entre estos, él cita dos que es bueno resaltar: el peligro de que “el cuerpo representativo de la ciudadanía sea influido principalmente por intereses oscuros, es decir por intereses que estén más o menos en contradicción con el bienestar general de la comunidad” y, en segundo lugar, “el peligro de que el gobierno no desenvuelva en grado suficiente las capacidades activas y los sentimientos sociales de la ciudadanía”.

Todas las democracias enfrentan estos peligros y Latinoamérica es lamentablemente un ejemplo de estos problemas. Según los datos de diferentes estudios hechos sobre el tema, Latinoamérica ha fortalecido en general los sistemas electorales pero está aún muy lejos de poder afirmar que la democracia haya conseguido satisfacer los reclamos de las mayorías. República Dominicana no se escapa y en el momento actual es bueno hablar de estos peligros que explicaba Stuart Mill.

Con respecto al primer peligro que acecha a los gobiernos representativos, es necesario resaltar que en la actual reforma constitucional que vive el país se decidió utilizar un mecanismo de decisión “representativo” y no directo; es decir, no hubo referéndum para aprobar la propuesta del texto constitucional. Con respecto al mecanismo representativo, tampoco se consideró la posibilidad de que en el debate se aceptaran representantes no partidarios a través de una Asamblea Constituyente. Tomando en cuenta que según la DEMOS 2004[1], más del 90% de la población entiende que los partidos sólo representan los intereses y necesidades de algunos grupos o personas o de los propios partidos, estas decisiones pueden afectar la representatividad de las decisiones que se tomen en el proceso.

Los datos de la encuesta Gallup-Hoy nos dan un termómetro de la opinión de la ciudadanía sobre ciertas cuestiones, algunas en debate en la reforma constitucional y otras de interés nacional, que nos pueden servir para revisar los niveles de representatividad que se dan en el país.

Con respecto a la reelección presidencial el 70.5% de los encuestados respondió que estaba en desacuerdo con que se eliminen las restricciones y el 63.9% de la ciudadanía favorece que se prohíba la reelección consecutiva. El resultado sobre este punto en la primera lectura de la reforma constitucional sí se ajusta al sentir general de la población, aunque tal vez los intereses de grupos particulares en este contexto hayan casualmente coincidido con los de la mayoría.

Para el 53.4% de la población el Estado no debería tener una religión oficial. El laicismo del Estado es una condición básica para satisfacer el derecho humano básico de la libre elección de sus creencias, religiosas o no religiosas. Pese a esto, y a la movilización alrededor del tema de grupos religiosos no católicos, así como otros movimientos sociales como el feminista, el resultado de la primera lectura en la reforma fue contrario al sentir colectivo, declarando el Estado dominicano como católico.

El 66% de la población dominicana piensa que la corrupción está en aumento y el 84% entiende que la impunidad se ha incrementado. Sin embargo, la respuesta del gobierno a los últimos casos denunciados de corrupción pública ha sido decir que esta percepción de la ciudadanía es fruto de una campaña mediática. Tampoco se han mostrado indicios de que haya intención de hacer las investigaciones de lugar, ni de que vayan a ser destituidos los funcionarios implicados, ni que los propios funcionarios vayan a dimitir. Es más, algunos han dado declaraciones de que es cierto que han incurrido en irregularidades, pero que estás son pequeñas ya que sus 40 familiares solo representan el  0.39% del total del personal.

Sobre el polémico tema del aborto la encuesta encontró que el 73% de la ciudadanía, cree que esta práctica debe estar regulada por el Código Penal o por el Código Sanitario. Sólo el 14% favorece que sea regulada por la Constitución de la República. Pese a esto, la reforma constitucional ha insistido en dejar definidas en su texto cuestiones  sobre las que existe un gran debate como sobre cuándo comienza la vida. Otro hallazgo indica que el 80% de los encuestados afirma de manera rotunda que una mujer debe poder abortar cuando su vida está en peligro. Todavía está por ver cuál será el resultado de la segunda lectura del artículo 30 que según el texto propuesto prohíbe a las mujeres y a los médicos salvar la vida de una madre embarazada si esto implica la pérdida del feto.

Para el  82%, la economía dominicana se encuentra en condiciones negativas. La otra economía, la personal, es percibida de manera negativa por el 64% de los ciudadanos y ciudadanas. De 20 dificultades vinculadas con la economía y los servicios públicos, la inflación y el alto costo de la vida (63.8%), los apagones (55%) y el desempleo (41.8%) son considerados como los tres principales problemas que afectan a los ciudadanos del país. Esta opinión de la ciudadanía se reflejada también en las numerosas movilizaciones que se están dando a lo largo del país pidiendo agua, luz, caminos, arreglo de cañadas, etc. Todas estas demandas son problemas que se supone que en un país de ingresos medios como lo es República Dominicana deberían estar más que superados; pero parece que ni la democracia, ni el alto crecimiento económico que mantiene el país han conseguido solucionarlos.

Está claro que el desarrollo de la democracia es mucho más que el desarrollo de su sistema electoral y esto nos lleva al segundo problema del que nos hablaba John Stuart Mill: “el peligro de que el gobierno no desenvuelva en grado suficiente las capacidades activas y los sentimientos sociales de la ciudadanía”. John Stuart se refiere principalmente, en este caso, a los derechos civiles y políticos, pero la teoría política moderna nos ha hablado ya de que los derechos son interdependientes, es decir que para poder ejercer los derechos civiles y políticos es necesario garantizar también los económicos, sociales y culturales y estos son aún la gran asignatura pendiente en República Dominicana.

Si la democracia funcionara y los representantes continuaran sin responder satisfactoriamente a la población en sus demandas, al llegar las elecciones sería de esperar que la ciudadanía vinculara su voto a los partidos que mejor respondan a sus reclamos en base a programas sustantivos. Pero los resultados electorales nos muestran que esto no ocurre así. La tasa de participación en las últimas elecciones fue de 71%, una tasa alta con respecto a la media latinoamericana y estable a lo largo de todas las elecciones. Además, la preferencia partidaria se sigue concentrando en tres partidos, en los que según las encuestas la ciudadanía no confía. Estos partidos han sido todos gobierno y no han conseguido responder satisfactoriamente a los problemas que rodean los servicios básicos, el empleo y el alto costo de la vida que, según la ciudadanía, son sus principales preocupaciones.

¿Será que las “capacidades activas y los sentimientos sociales de la ciudadanía” no están desarrollados suficientemente?, ¿será que la democracia representativa no está siendo tan representativa?, ¿será que, como advertía Stuart Mill, “el cuerpo representativo de la ciudadanía está influido principalmente por intereses oscuros”? En una democracia la capacidad de soberanía del Estado deriva de la renovada legitimidad otorgada por los miembros de la sociedad, ¿será que la sociedad dominicana está legitimando electoralmente lo que rechaza en las calles?, ¿será que el clientelismo y las necesidades de la población dificultan los cambios? ¿O será que no acaban de aparecer otras opciones?