En el contexto de los países de América Latina, todos o la mayoría de los actores políticos sin importar su signo ideológico expresan en su discurso el deseo de una democracia socialmente sensible, capaz de responder a la dramática problemática social de la región que se manifiesta en la extendida realidad de pobreza de una población con vocación cada vez más urbana. Y, que al mismo tiempo sea capaz de articular los elementos fundamentales de una democracia política que garantice los necesarios canales de participación de la población en la construcción y conducción de su propio destino. Este esfuerzo se ha concretado, en algunos casos, en un estilo de desarrollo que ha generado un crecimiento importante de las clases medias de varios de nuestros países que son, a su vez, proclives a las demandas democráticas. Se produce así el desarrollo de una especie de círculo virtuoso de democracia económica, social y política.
Así pues no se trata de una especie de “amaraco” que hace aparentar realidades democráticas sino de mecanismos sociales que construyen espacios e instituciones democráticas y propician el desarrollo de sujetos democráticos. Y, como se ha sugerido antes, esto es esencial en el contexto de una realidad social marcada por la antidemocrática exclusión de amplios sectores sociales del acceso a los bienes y servicios sociales básicos y fundamentales. De esta manera, la democracia social que se concretiza vía las políticas sociales es una condición primaria y esencial de la democracia, pues es por su vía como se combate la exclusión y la marginación social que son, como se sabe, realidades extendidas en la mayoría de los países de la región latinoamericana.
Se espera pues de los actores políticos un esfuerzo permanente por expandir creativamente las políticas sociales como camino para la construcción de la democracia social. Educación, salud, seguridad social, vivienda, empleo, etc., es decir, las políticas sociales, se convierten en el camino concreto, en la práctica democrática para construcción de lo prometido en el discurso político democrático. De lo contrario la política seguirá constituyendo un camino de construcción de esperanzas irreales, es decir, en una farsa para las poblaciones carenciadas. Deberían entonces los actores políticos, centrar parte de su acción política en clarificar cómo piensan contribuir, avanzar, mejorar en la construcción de una oferta de alta calidad en las políticas sociales como camino posible para la consolidación de la construcción ciudadana.
Lo anterior es lo que otorga centralidad a las políticas sociales en regímenes democráticos conducidos por fuerzas políticas “progresistas” pues son ellas las que construyen los caminos eficaces para la producción social de la equidad. Sin políticas sociales eficaces no puede haber democracia social y sin ésta última no existirá una aproximación decente al objetivo de justicia social que constituye el camino eficaz para la defensa de la vida de las mayorías en una región en la que las fuerzas del cambio existen en razón de la reivindicación del derecho a la vida de las mayorías nacionales, y la democracia busca convertirse en estilo de vida social caracterizada por la búsqueda de respuestas eficaces para la transformación de la vida de la gente. Las políticas sociales no son pues, ni pueden ser, elementos accesorios de la acción de las fuerzas progresistas, sino parte esencial de su norte y sentido. A la vez que estas fuerzas se hacen cada vez más conscientes de que “La viabilidad de las políticas propuestas suele guardar mayor relación con su legitimidad que con su corrección técnica.”La legitimidad es pues, como se sabe, una cuestión fundamentalmente política, (BID, La política de las políticas públicas, Informe 2006, p. 281).