La posibilidad de que un sistema democrático tenga legitimidad ante el pueblo pasa por dos asuntos centrales: generar y redistribuir riqueza para que la población mejore sus condiciones de vida, y crear un andamiaje institucional que garantice los derechos ciudadanos y la eficiencia gubernamental.

Ambos objetivos han resultado difíciles de alcanzar en la República Dominicana, a pesar del crecimiento económico y de todas las reformas constitucionales realizadas.

Encuestas comparativas muestran que muchas personas en distintos países creen que la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero no confían mucho en la capacidad y compromiso de los políticos para promover el bienestar del pueblo.

En República Dominicana, diversas encuestas realizadas en los últimos 15 años muestran una alta preferencia del pueblo por la democracia, pero los niveles de confianza en las instituciones políticas son sustancialmente menores, y han oscilado en función de la magnitud de las crisis que ha enfrentado el país. Por ejemplo, en el 2004 se produjo un desplome en el nivel de confianza institucional por la crisis económica.

La percepción ciudadana sobre la democracia y sus instituciones es importante, porque cuando la población mejora su opinión sobre el funcionamiento gubernamental, el sistema político se hace más estable. Es decir, a mejor percepción del gobierno, mayor apoyo a la democracia y sus instituciones.

Actualmente, en República Dominicana se presentan dos grandes obstáculos para lograr el avance y consolidación del sistema democrático: el persistente personalismo político y la corrupción. Ambos perturban constantemente el funcionamiento de la democracia dominicana.

Por un lado, hay un sistema de derechos democráticos que coexiste con proyectos políticos de permanencia en el poder que motivan cambios frecuentes al texto constitucional (los dos últimos en 2002 y 2009). Por otro lado, hay un andamiaje institucional plagado de corrupción e ineficiencia.

Por eso la economía crece y la gente no siente el progreso; el Estado se pone al servicio de pocos y disminuye su propia legitimidad.

En el 2009, el país presenció una reforma constitucional que se presentó al público como expresión de una revolución democrática. Lamentablemente, el proyecto de reforma quedó atrapado en pactos de conveniencias entre los políticos y con grupos de poder económico y religioso.

En aprietos para asegurar la aprobación de la reforma que le permitiera repostulaciones futuras, el presidente Leonel Fernández pactó el salvoconducto con Miguel Vargas al margen de las preferencias del pueblo, y sin reflexionar objetivamente sobre las implicaciones del nuevo texto constitucional para el fortalecimiento de la democracia dominicana.

Cabilderos de ambos partidos se reunieron a pactar con el objetivo de allanar el camino electoral a sus jefes políticos, y muchos congresistas validaron alegremente los acuerdos para repetir en sus puestos por seis años.

Cuando la historia dominicana recuente el proceso de reforma constitucional recién finalizado se conocerá por su incapacidad para pensar una Constitución que realmente ampliara y consolidara los derechos democráticos, y que combatiera el personalismo político y la corrupción gubernamental.

La nueva Constitución es un ensamblaje de muchos artículos (el doble de la que reemplaza) sin coherencia democrática, que servirá fundamentalmente los intereses de los grupos más poderosos.

El nuevo texto constitucional incluye, entre otros problemas: la reelección indefinida con un período de receso que beneficia a los ex presidentes y mantendrá los partidos atados al personalismo presidencial, una excesiva concesión de derechos de usufructo de tierras al capital turístico, el aumento del número de diputados (siete del exterior y cinco nacionales) que tendrán su barrilitos, y la prohibición absoluta de derechos reproductivos para las mujeres.

Es una Constitución verbosa y con muchas aristas anti-democráticas.