La actual parece ser una de esas situaciones históricas que se presentan en los diferentes países-sociedades de la región y que puede caracterizarse por su intensidad en muy diversos sentidos.

En nuestro caso, es claro que más allá de cualquiera otra consideración, entre los factores que hacen de éste un tiempo particular es la celebración de elecciones presidenciales en el mes de julio.

Esto más allá de la discusión acerca de los posibles ganadores y perdedores de dicho evento.
Tal como ha sido indicado por analistas diversos y aparentemente asimilado por la sociedad, cada vez más las elecciones en el país constituyen parte de la normal dinámica política que de un tiempo a esta parte caracteriza a la sociedad dominicana.

Este hecho que puede pasar desapercibido en su relevancia desde el punto de vista de la cultura política ha sido, como se sabe, el producto de dinámicas históricas que han demandado decisiones relevantes de los diferentes actores políticos y sociales.

El punto a que hemos arribado, con sus más y sus menos, no ha sido el producto del azar, sino del accionar consciente de sectores relevantes de la vida política de la sociedad dominicana.
Así, hoy nos encontramos, como es natural, ante nuevos desafíos que apuntan a la necesidad de consolidación de lo que se ha construido en el tiempo con el esfuerzo de no pocos.

El próximo proceso electoral no debe ser ocasión de dificultades mayores después de haber pasado por diversos momentos que son ya cosas del pasado. El punto es ahora cómo conseguimos continuar consolidando esta democracia política para lograr que sea cada vez más y mejor un instrumento para la construcción de relaciones sociales orientadas a la construcción de democracia económica y social.

Es decir, cómo le hacemos para que por la vía de la consolidación de la instrumentalidad democrática consigamos enfrentar con éxito la espinosa cuestión de la expansión-consolidación de la justicia social que pasa, como se sabe, por el enfrentamiento de la necesidad de repensar mecanismos democráticos más allá de los que hoy tenemos, y de cuya necesidad y pertinencia no se duda, aunque siempre haya que insistir en la necesidad de garantizar que la institucionalidad se haga cada vez más eficaz.

En lo que queremos insistir, nueva vez, es en la necesidad de mantener la conexión entre democracia y justicia social. Es decir, en evitar la tentación de agotar la democracia en los procedimientos para la conformación de la institucionalidad y conducción político-estatal en los niveles necesarios, olvidando su expresión necesaria en la vida cotidiana de la gente de a pié, es decir, en la realidad económica y social del día a día de las mayorías nacionales. Esto es, sin duda, una exigencia mayor que hace de prueba acerca de la relación entre modelo económico social y vida cotidiana de las poblaciones.

Hoy, después de un tiempo relativamente largo y no pocos vaivenes, la región latinoamericana y caribeña, cuyo desempeño exhibe en algunos casos niveles de éxito democrático no desdeñables, está a mi juicio, ante la imperiosa necesidad de reconocerlo, pero no dormirse en lo logrado, que es, sin duda, importante, e insistir en continuar profundizando-consolidando la relación entre institucionalidad democrática, justicia social y participación popular.

Para ello, habrá que acudir nueva vez a la creatividad política como camino para la búsqueda de las alternativas posibles, sin olvidar que esta búsqueda guiada por la utopía de vida buena para todos y todas, es siempre lograda parcial y mejorablemente en la historia. Este presente nuestro es una ocasión para aprovechar que lo logrado nos ayude a continuar avanzando pues, como se sabe, nunca habremos de sentarnos por haber llegado.