DANILO CRUZ PICHARDO
Un alto porcentaje de dominicanos que sufragaron por el doctor Leonel Fernández, el pasado 16 de mayo, esperaba respuestas judiciales ante la comisión de los múltiples actos dolosos cometidos en el gobierno del PPH y el ingeniero Hipólito Mejía. Pero el gobierno tiene ya más de cuatro meses (se ha ido poniendo adulto) y las posibilidades de sancionar debidamente las irregularidades administrativas del pasado gobierno parecen desvanecerse en momentos en que la población celebra las tradicionales fiestas navideñas.

Posiblemente se espera al mes de enero, especularían algunos, como última oportunidad de iniciar seriamente los esperados procesos judiciales, porque contrariamente, si se le da más larga al asunto, los casos se enfriarían y los responsables de esos irritantes actos dolosos quedarían impunes, pese a los responsables de esos irritantes actos dolosos quedarían impunes, pese a que, según se dice, hay pruebas irrefutables ante eventuales juicios públicos, orales y contradictorios.

Se alega que el gobierno tiene en su contra al nuevo Código Procesal Penal, cuya aplicación conlleva rigor y lentitud, lo que constituye un escollo en término de la prontitud que demandan las circunstancias. Lo que el gobierno vaya a hacer, a través del ministerio público, tiene que hacerlo rápido, porque las elecciones congresuales y municipales se acercan y cualquier iniciativa judicial podría interpretarse como política y la repercusión, entonces, sería negativa a los fines del doctor Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana.

Quizás los estrategas del gobierno hubiesen tenido la voluntad de realizar los sometimientos judiciales con mayor rapidez, pero la debilidad congresual les hace ser cautelosos y posiblemente esperan la aprobación definitiva del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, la firma con el Fondo Monetario Internacional y la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Se sabe que desde el gobierno se ponderan las posibles consecuencias de un eventual deterioro en las relaciones con los legisladores que responden todavía al desacreditado PPH, por lo que se ha optado por la prudencia y el diálogo hasta que las circunstancias resulten menos desfavorables.

El PLD y el doctor Fernández están conscientes de que estos no son los tiempos en que Joaquín Balaguer gobernaba, mediante una centralización favorable de otros poderes del Estado, como el legislativo y el judicial, los cuales usaba a su antojo para fines enteramente políticos.

Ese control de todos los resortes del Estado le permitió a Balaguer inhabilitar moralmente a la oposición política, en su momento, encarcelando al doctor Salvador Jorge Blanco y a otros tantos colaboradores civiles y militares de su gobierno. Se trató de una persecución político-judicial, pero hay que admitir que los resultados fueron muy favorables al otrora poderoso Partido Reformista Social Cristiano.

Leonel no dispone de los poderes que tenía Balaguer en esa ocasión ni tiene por características las malicias, parece ser, del desaparecido caudillo reformista, que tuvo la experiencia de la tiranía trujillista y apelaba a métodos antidemocráticos en la medida que los consideraba pertinentes. Balaguer es irrepetible y sus botas ningún político de esta generación se las puede calzar. Y posiblemente es lo mejor que puede ocurrir, por la salud de la democracia dominicana.

La democracia dominicana ha tenido cierto fortalecimiento. Y hoy se puede hablar de una relativa división de los distintos poderes del Estado, con sus defectos y virtudes, y las instituciones nacionales, en sentido general, exhiben mayor desarrollo que ayer.

El presente gobierno, naturalmente, que cumpla con su parte, a través del ministerio público, haciendo los sometimientos correspondientes en contra de todos aquellos antiguos funcionarios que cometieron actos dolosos en desmedro del Estado. La otra parte le toca al Poder Judicial, que, si bien ha registrado avance, todavía muestra muchas debilidades, sobre todo ante personas de cierto poder económico.

Esa debilidad es una prueba de la vulnerabilidad de nuestros poderes públicos, por lo que todavía hay pendiente un largo camino por recorrer, en término de fortalecimiento institucional, para alcanzar una democracia verdadera y se acabe con la impunidad judicial de manera definitiva.

La democracia deseada posiblemente se tome tiempo. Mientras tanto lo que se observa en el país es que los dominicanos acuden a las urnas cada cuatro años a elegir gobiernos que no hacen lo que prometieron, que no satisfacen las expectativas y que tienen que entrar en transacciones, porque, a veces, las propias circunstancias así lo demandan.

Que a más de cuatro meses de gobierno no se hayan dirigido iniciativas judiciales ejemplarizadoras en contra de la corrupción administrativa no constituye un descuido de las autoridades. Son las circunstancias presentes que aconsejan a la cautela y a la medición de los pasos a dar. Hay razones muy valederas que determinan esa demora judicial. Y es muy posible que nada se haga y que todo siga igual.

Más que la sanción a la corrupción al gobierno le interesa que le aprueben su presupuesto, que le quiten el impuesto del 25 por ciento al jarabe de maíz, para poder conseguir la ratificación del Tratado de Libre Comercio y firmar con el Fondo Monetario Internacional. La sanción a la corrupción es un asunto hasta coyuntural, cuya iniciativa depende, inclusive, de una posible conveniencia política para las elecciones que se avecinan.