Han pasado exactamente dos meses desde que el Reino Unido votó para abandonar la Unión Europea. Desde ahí, el silencio acerca de cómo se llevará a cabo el divorcio se ha vuelto ensordecedor.

Es un impasse que no ayuda a ninguna de las partes y, una vez que la temporada de vacaciones de Europa se acabe y los políticos de la región vuelvan a sus puestos de trabajo, hay un riesgo de que el asunto se torne desagradable.

Hay más de una verdad en la acusación a los ministros británicos que hicieron campaña a favor del Brexit, incluyendo al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, que los compara con perros persiguiendo un auto; no sólo no esperaban tener éxito, sino que tampoco saben qué hacer ahora.

Quizás el limbo es un buen lugar para el Reino Unido en este momento. Aun disfruta de los derechos de fraternidad de la Unión Europea sin pagar las cuentas correspondientes. Pero la limitada evidencia financiera disponible desde el referéndum del 23 de junio apunta hacia la misma dirección: una incertidumbre prolongada puede dañar la economía aún más que el mismo Brexit.

En el plano interno, hay un riesgo real que surge de una querella legal hecha por demandantes que incluyen a la peluquería Deir Dos Santos y la empresaria Gina Miller. La demanda, hecha por la firma legal Mishcon de Reya, argumenta que sería ilegal renunciar a la membresía de la Unión Europea al invocar el Artículo 50 sin primero haber ratificado la decisión a través de un voto en el Parlamento.

El juez Brian Levenson dijo el mes pasado que la demanda tiene «tanta importancia constitucional» que «la corte se tomará este litigio muy seriamente». La sesión será llevada a cabo en la Corte Suprema del Reino Unido más adelante este año y la inexistencia de una constitución escrita sólo echa más leña al fuego.

Hay varios resultados posibles con la capacidad de causar una crisis constitucional si la demanda prosepra. El gobierno podría ignorar a la Corte Suprema y seguir adelante con el Brexit de todas maneras, arriesgando penas de cárcel para los ministros involucrados por no haber llamado a un voto en el Parlamento. Si hay una votación, los políticos podrían descartar el referéndum y rechazar el Brexit, efectivamente quebrantando la voluntad de la gente. Incluso si la demanda fracasa, los solicitantes podrían (aunque irónicamente) apelar a la Corte Europea de Justicia.

Dejando los juegos legales atrás, el Reino Unido necesita dilucidar qué relaciones querrá tener con sus más cercanos vecinos de negocios. La Primer Ministro Theresa May ha propuesto comienzos del próximo año como fecha de inicio para las negociaciones formales para comenzar a invocar el Artículo 50; pero el periódico Sunday Times reportó con anterioridad este mes que la salida podría demorar hasta el 2019 si los departamentos responsables de acordar los términos de la salida deciden que no están listos todavía para las negociaciones hasta finales de este año.

May podría apuntar a las elecciones en Francia y Alemania del próximo año como una razón para prevaricar.