PEDRO GIL ITURBIDES
Tal cual la contemplan algunos, tendremos que cargar con la isla artificial, gústenos que no.  Al persistir con argumentos rayanos en la ignorancia, algunos legisladores y ex legisladores, afirman que estamos ante una ley irrevocable. Por nuestra parte, mantenemos que el voto congresional, en el caso, genera una resolución que sanciona este acto de derecho privado del Poder Ejecutivo.

El artículo 37 de la Constitución de la República es claro al respecto.

Al establecer las atribuciones del Congreso Nacional expresa, en el numeral 19, que aprueba o no los contratos que le somete el Presidente de la República.

¿Cuáles contratos está obligado a someterle eltitular del Poder Ejecutivo? El artículo 55 señala los casos en los que el jefe del Gobierno Dominicano se encuentra obligado a someter a los legisladores, los contratos que suscriba en nombre del Estado Dominicano. Son aquellos en los que se afecten las rentas nacionales, por los que enajenen partes del patrimonio nacional, o aquellos que comprometan el crédito público.

La isla, la dichosa isla de los misterios, podría comprometer las rentas nacionales. Pero con toda seguridad afecta el patrimonio nacional. Porque el artículo 5 de la Constitución de la República establece que el mar que rodea la parte de la isla de Santo Domingo que ocupamos, es parte de nuestro territorio.

Y la isla afectará una parte del mar territorial, del modo que se desee establecer en los informes que se levanten para ello.

Pero lo más importante es que, al celebrar el convenio, que no es asunto de derecho público, el representante del Gobierno Dominicano actúa como persona de derecho privado. Porque el contrato es un acto propio de derecho privado por la finalidad del mismo.

¿Qué quiere decir esta jerigonza? Que este contrato puede ser denunciado de conformidad con las previsiones del derecho común. Y la primera de las razones salta a la vista hasta del más lerdo, con sólo prestar atención a todo cuanto se ha dicho sobre la forma en que se logró la sanción congresional.  La noticia más socorrida habla de engaño.

No existe una versión oficial, responsablemente emitida, pero todo cuanto se ha dicho apunta hacia la figura del dolo.

Por supuesto, los rumores desean excluir al Primer Magistrado de la Nación de toda responsabilidad en el asunto.

¿Qué establece el derecho común sobre el particular? Que todo contrato que surge de la violencia, del dolo o del error, es nulo. En el caso no se da la nulidad de pleno derecho, sino que debe pronunciarse.

 Pero el doctor Leonel Fernández es abogado y conoce, perfectamente, el procedimiento para declarar esa nulidad. Pero si no retuviere en la memoria dicho procedimiento debido a la intensidad del trabajo oficial, bien puede pasar revista al Código Civil para ordenar el inicio de la acción de denuncia.

No es asunto del otro mundo. En las explicaciones que se conocen de manera oficiosa, saltó a la palestra la figura del dolo.

Un funcionario innominado de manera oficial aunque signado por la chismografía política, se acercó al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. Le presentó un documento adicional al contrato, y le manifestó que tenía el visto bueno del Presidente de la República.

Aquél, poco avisado o confiado, ordenó preparar el mensaje de remisión al Congreso Nacional, con lo cual se autorizó el conocimiento del contrato.

De manera oficiosa que no oficial, se ha dicho que los funcionarios, el engañado y el engañador, han sostenido una agria disputa en algún instante.

Pero al margen de que esa pelea esté arreglada por los corrillos políticos o por la realidad, lo cierto es que el derecho asiste al Presidente de la República para denunciar el contrato.

Y si no bastasen las estipulaciones del derecho común, ahí tiene el Presidente de la República la potestad que deriva del contrato mismo, que debe, sin duda, establecer modos para su rescisión. En cualquier caso, la isla no pende como la espada de Damocles sobre el cuello de la República. Bien puede el Gobierno Dominicano desprenderse del entuerto, si no es que la pretensa oposición del Presidente Fernández es recurso publicitario de sus allegados.