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La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de dejar sin valor la vieja cédula no sólo va en perjuicio de más de dos millones de ciudadanos que no han cambiado el documento, sino que agrava la situación de exclusión de inmigrantes indocumentados nacidos en el país en el último siglo y que poseen documentos de identidad.
Esta declaración fue ofrecida en rueda de prensa por el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas.
El Comité expresó que con esta decisión, la JCE prosigue la labor de exclusión que inició mediante resoluciones administrativas de 2007, completadas por la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, que dejaron como muertos civiles a decenas de miles de personas.
«Hasta ahora los afectados habían sido fundamentalmente los jóvenes de segunda y tercera generación de inmigrantes indocumentados, que eran los que acudían a las oficialías civiles en busca de actas de nacimiento para fines educativos, para sacar cédula o pasaporte, o para matrimonio y otros actos civiles», señaló Roque Félix, director del Centro Bonó.
Destacó que millares de mayores de edad que habían logrado obtener sus cédulas, en base a las actas de nacimiento que durante décadas se les expedía regularmente hasta el 2005, quedan ahora indocumentados y a merced de las arbitrariedades que siguen predominando en las actuaciones de la JCE, ya que a muchos se les ha negado el cambio de cédulas y otros, por temor, se cuentan entre quienes no han acudido a la renovación.
«Es de rigor reiterar la denuncia de que la JCE se burla de la ley 169-14, que dispuso “regularizar y/o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios”, las actas de las personas que habían sido afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional», apuntó.
Los informes disponibles indican que apenas unos pocos centenares de los afectados han sido documentados en los ocho meses que va a cumplir la ley 169-14, fruto de un amplio consenso y de una iniciativa del presidente de la República, aprobada a unanimidad y de urgencia por las dos cámaras legislativas.
