POR TEÓFILO ABREU
El director del Centro Cultural Dominico Haitiano -CCDH-, Antonio Pol Emil, denunció ayer que numerosos hijos de migrantes haitianos residentes en la República Dominicana han sido sacados del registro civil por la Junta Central Electoral, como parte de una campaña de discrimen.

Insistió en que los haitianos son discriminados en el país..

Dijo que se trata de una violación constitucional, ya que las víctimas de esta discriminación y exclusión son dominicanos y dominicanas que nacieron en República Dominicana.

Pol Emil, también representante de la Red Jacques Viau, habló en la XIV Campaña por el Derecho a un Nombre y a una Nacionalidad de los Dominicanos de Ascendencia Haitiana, que se desarrolla en el INFAS, organizada por el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas -MUDHA-

Afirmó que el Estado está condenando a esas personas a vivir postradas ante la miseria absoluta, por cuanto no se les da la oportunidad de estudiar y prepararse por lo menos en una carrera técnica.

Se quejó de que la Junta Central Electoral haya decidido anular actas de nacimiento y cédulas de personas que poseen esos documentos desde hace mucho tiempo, en algunos casos mediante sentencia que han adquirido la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada.

Esa es una medida arbitraria, y una medida que no tiende a fortalecer la democracia; por el contrario, es una medida de fuerza, violatoria a la Constitución y que condena a esas personas a ser mucho más pobres, apuntó.

Citó como ejemplo un joven hijo de padres haitianos, jugador de béisbol, residente en el Batey Chicharrón, de San Pedro de Macorís, el cual no ha podido ser firmado por un equipo de Grandes Ligas debido a que la JCE se opone a entregarle su cédula, a pesar de que obtuvo su acta de nacimiento mediante sentencia.

Dijo que esa discriminación comenzó a partir de los años 1979-80, ya que en la dictadura de Trujillo y hasta los doce años del doctor Joaquín Balaguer, a los haitianos residentes aquí se les reconocían sus derechos al nombre y la nacionalidad.

RETROCESO

Por su parte, el doctor Cristóbal Rodríguez, abogado, experto en Derecho Constitucional, consideró que el proyecto de reforma a la Constitución elaborado por iniciativa del Poder Ejecutivo constituye un retroceso, ya que trata de sustituir el jus solis por el jus sanguinis.

Consideró que los poderes públicos que han actuado en este tema han impuesto una concepción de la nacionalidad y de la noción de tránsito, en el marco de un fundamento constitucional que les era desfavorable.

Añadió que en ese sentido, tanto el Congreso Nacional como la Suprema Corte de Justicia tuvieron que hacer de tripa corazón para poder llegar a las conclusiones que llegaron.

Lo que sí creo que debe llamar la atención es que lo que resulte finalmente de la reforma constitucional no puede tener aplicación retroactrica; es decir, no puede aplicarse a las personas que tenían un estatus legal adquirido al amparo de la Constitución, explicó.