Denuncia tratan de privilegiar a empresa de pintura

Denuncia tratan de privilegiar a empresa de pintura

La aprobación de una solicitud para montar una fábrica de pinturas, a través de la Ley 28-01 sobre Incentivo al Desarrollo Fronterizo, lesionará grandemente a compañías ya establecidas de esa industria, lo que significará pérdidas de empleos, además de que el Estado tendrá que pagar subvenciones por RD$216.6 millones.

La afirmación la hizo el experto en comercio Hugo Rivera, quien consideró necesario hacer modificaciones a esa ley, debido a que fomenta la competencia desleal y aleja futuras inversiones.

Rivera dijo que en caso de aprobarse el permiso de instalación en la zona fronteriza a la empresa Pintura Frontera, SRL “desestabilizaría totalmente” a la industria nacional de pinturas, causando desempleo, pérdidas de impuestos para el Estado y un ambiente negativo para el sector industrial y de futuras inversiones en esta área.

Reveló que un informe que hizo el Ministerio de Hacienda arroja que el negocio es inviable sin la subvención del Estado, el cual tendría que erogar RD$216.6 millones en unos siete años a esa empresa en subsidio.

Resaltó que eso significa que la industria de pintura que pretende instalar en un régimen de privilegios no competirá con otra empresa en base a calidad, presentación, mejor estrategia de mercado, entre otros aspectos, sino en base a esa subvención.

En tal sentido, consideró que la legislación sobre Incentivo al Desarrollo Fronterizo debe ser “revisada y reformada”, porque a su juicio no puede existir una ley que distorsione y completamente el mercado nacional.

Planteó que las subvenciones del Estado deben ir realmente a la generación de empleos, no a subvencionar a las empresas que se instalan bajo esa ley en la zona fronteriza, cuyas operaciones son cubiertas por las excensiones de impuestos. Añadió que eso no es justo, porque mientras otras empresas pagan todos sus impuestos, algunas compiten a base de subvenciones del Estado.

Enfatizó que urge la revisión de la Ley 28-01, y sostuvo que la misma es contraria a lo que establece la Organización Mundial del Comercio, la Ley de Competencia y a todas las legislaciones que buscan atraer inversión al país.

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