Dos o tres laboratorios que se dedican a violentar los derechos de patentes en el país son los que más radicalmente se oponen a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), denunció ayer la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF).

También sostuvo que esos laboratorios, que insistió no pasan de cuatro en todo el país, “se han dedicado a violentar esos derechos (de patentes), apoyándose en subterfugios legales y en la debilidad que ha venido arrastrando nuestra justicia”.

Indicó que como resultado de la firma y próxima entrada en vigencia del DR-CAFTA, estos sectores tratan de confundir a la población con la falacia de que se pretende expandir el derecho de patente de 20 a 25 años, con la protección de los datos de prueba.

Señaló que lo que hará el DR-CAFTA es proteger esa información por cinco años para los medicamentos con sustancias activas nuevas, dentro de los 20 años de protección que da el Estado al derecho de propiedad de patente de invención.

Explicó que estos datos que generan esas investigaciones se utilizan para solicitar el registro sanitario de productos nuevos y que son protegidos por el DR-CAFTA contra el uso no autorizado, de manera que se trata de medicamentos nuevos con patentes registradas en el país. “Se ha echado a correr la bola de que se quiere expandir el derecho de propiedad industrial de 20 a 25 años, eso no es cierto”, sostuvo la ARAPF

Indicó que en esos cinco años de protección, el laboratorio lo que ha hecho es un registro del nuevo medicamento. “O sea, que se ha obtenido el registro sanitario y si tiene diez años que registró la patente, solamente le quedan otros diez años para explotarla con carácter de exclusividad”, añadió.

La ARAPF manifestó que lo que quiere el DR-CAFTA es reforzar el derecho de patente que se tiene en el país desde el año 1914.

“Es decir, que todo lo relativo al derecho de patente de invención no es nada nuevo, ya tiene casi un siglo en el país”, precisó el vocero de ARAPF.

Expresó que lo que sucede ahora es que algunos laboratorios locales han estado utilizando, sin autorización y sin tener derecho, tanto los datos como las sustancias protegidas por patentes vigentes, debidamente registradas en el país, para fabricar copias del producto original.

Precisó que esos laboratorios farmacéuticos locales se dedican a desarrollar copias de medicamentos que han sido investigados y desarrollados por varios laboratorios que se dedican a investigar e invierten sumas cuantiosas durante 10 años.

“Estamos hablando de US$800 a US$1000 millones para investigar y desarrollar un medicamento y de ocho a diez años de investigación de gentes altamente calificadas, de tal manera que no todo el mundo posee el capital para dedicarse a investigar y mucho menos posee personal, los científicos  necesarios para desarrollar y hacer experimentos y de pruebas que requieren las agencias federales como la FDA de Estados Unidos, EMEA de Europa o la Agencia Federal de Medicamentos del Japón”, expresó.

Dijo que algunas veces esos laboratorios aportan a las universidades grandes recursos para que investiguen sobre un medicamento específico, el cual necesitan proteger de la piratería.