POR ANSELMO SILVERIO
SANTIAGO.- El administrador general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, Edenorte, denunció ayer que empresas y comercios que operan como usuarios ilegales están limitando el suministro de energía y provocando pérdidas millonarias a la empresa con el robo de más del 60% de la electricidad disponible.

Manuel Suárez manifestó que esa acción se comete mediante el borrado de la lectura de los medidores y la instalación de redes ocultas y subterráneas.

Explicó que durante operativos realizados en las últimas 72 horas se han detectado irregularidades en establecimientos comerciales, clínicas, restaurantes, fábricas de cigarros, colmados, supermercados, oficinas privadas, granjas, panaderías, reposterías, hoteles, restaurantes y otros negocios de las 14 provincias de la región Norte.

Para enfrentar estas irregularidades, dijo que Edenorte creó la Unidad de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico y firmó ayer un contrato con la Fiscalía, el cual rubricaron él y el fiscal Raúl Martínez.

Esta unidad contará, según dijo Suárez, con la ayuda de la Fiscalía y en coordinación con los departamentos de Seguridad, Investigación, Recuperación de Energía y el departamento Legal de esa institución.

Además, realizará trabajos internos de investigación a aquellos empleados y ex empleados de Edenorte que se estén dedicando a labor de borrado de lectura y a otros tipos de fraudes dentro de la misma entidad estatal.

Suárez también dijo que este programa tiene el objetivo de capturar a los ponchadores y a los usuarios, tanto residenciales como industriales, que se dedican a contratar este tipo de personas para realizar fraudes millonarios que perjudican los intereses y marginan el suministro de energía y consecuentemente afectan negativamente a la población.

Aseguró que esta unidad funcionará, en adición a un proyecto diseñado por EDENORTE para reducir el robo y las pérdidas que obtiene y un plan de condonación del 60% de las deudas para recuperar económicamente esta empresa distribuidora.

Además, dijo que este proyecto procura concienciar a los usuarios de las consecuencias del delito que implica el robo de energía, conforme a lo que establece el artículo 125 de la Ley General de Electricidad.