Denuncia violación derechos humanos

Denuncia violación derechos humanos

Amnistía Internacional denunció que durante el 2003 en la República Dominicana persistieron las ejecuciones extrajudiciales, sobre todo en barrios pobres y se produjeron «serias violaciones a los derechos humanos» por parte de la Policía y militares en medio de manifestaciones en contra de la política económica del gobierno.

En un informe sobre el país, Amnistía destaca que el año pasado se acentuó la tendencia al uso de la «mano dura» de parte de las autoridades responsables de garantizar el orden público.

«De acuerdo con los reportes de la República Dominicana, allí siguen ocurriendo serias violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado», dice de Amnistía Internacional.

Subraya que en los barrios pobres donde se produce la mayoría de las muertes a manos de agentes. «La violencia policial es entendida como un mecanismo de control social para mantener el orden».

Añade que el gobierno acude al uso de la fuerza para mantener el orden ante los reclamos de la población. «Tácitamente la política del Estado es permitir que la Policía y otras fuerzas de seguridad realicen acciones para intimidar a sus propios ciudadanos, particularmente a los pobres», dice Amnistía Internacional.

Expresa, además, que durante el año pasado se produjeron ejecuciones, apresamientos ilegales de dirigentes sindicales y activistas populares y violación a la libertad de prensa.

El reporte documenta casos de muertes de manifestantes y espectadores por oficiales de las fuerzas de seguridad, sobre todo en barrios pobres como Capotillo, El Tamarindo, Cristo Rey y en ciudades del interior.

Entre los casos de ejecuciones extrajudiciales, el informe señala la muerte de personas como el ciudadano chino Juan Lin, en Capotillo; Carlos Eusebio Reyes Estévez, de 23 años, en El Tamarindo, los que no estaban vinculadas a protestas.

Cita también la muerte de siete personas, incluyendo un policía, durante la huelga de 24 horas en el mes de noviembre, durante esta protesta al menos 30 personas resultaron heridas a manos de agentes.

Asimismo, cita los apresamientos de dirigentes de organizaciones barriales y sindicales como Juan Hubieres, Víctor Gerónimo y Ramón Pérez Figuereo. También menciona la incursión policial al local de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU).

Precisa que tradicionalmente los policías y militares acusados de violación de los derechos humanos no son sometidos a la justicia.

Destaca que de acuerdo con los estándares internacionales, las fuerzas de seguridad deben usar armas letales «estrictamente» en casos para proteger vidas.

En la Práctica, expresa el informe de Amnistía Internacional, aunque hay frecuentes denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, raras veces los acusados de cometerlos son llevados a la justicia.

De acuerdo con Amnistía, hay muchos factores que contribuyen a esta situación. Entre ellos menciona la tendencia al uso de la «mano dura» para mantener el orden público y señala que esta política es un legado de décadas de dictadura.

La tolerancia pública al uso de la fuerza por los oficiales de la Policía y los militares es sostenida por la amplia percepción de un aumento de la criminalidad en el país, vinculada a temas como el narcotráfico, la presencia de criminales deportados desde los Estados Unidos y la percepción de amenazas a la estabilidad por la inmigración haitiana.

El informe de Amnistía Internacional añade que en el país hay una estructura legal que favorece la impunidad como es el caso de las cortes policiales y militares. La observación civil de las fuerzas de seguridad ha sido limitada por la existencia de estos tribunales, aseguró.

Subrayó, asimismo, que esta práctica contraviene la creciente tendencia de las leyes y la jurisprudencia internacionales que especifican que, en interés de asegurar independencia e imparcialidad, los acusados de violar los derechos humanos deben ser juzgados en un tribunal ordinario, civil, en lugar de una corte policial o militar.

En su informe, Amnistía Internacional indica que las autoridades dominicanas están conscientes de este elemento de las leyes internacionales sobre derechos humanos y la necesidad de reformar la práctica, pero señala que en los estamentos policiales hay resistencia a la implementación de la reforma policial.

De acuerdo con el Amnistía Internacional, el impacto de la crisis ha sido devastador como resultado de la inflación, la devaluación del peso, los precios de los artículos de primera necesidad subieron dramáticamente durante el 2003 y en respuesta a esto, se incrementaron las protestas, sobre todo en los sectores marginados.

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