El Comité Internacional Contra la Represión (CICR) solicitó al presidente Hipólito Mejía que aclare el acuerdo entre Orange Dominicana y la Dirección Nacional de Investigación (DNI), para intervenir los teléfonos de los usuarios de la compañía en la República Dominicana, práctica que viola los derechos humanos y la intimidad individual y reclamó que se establezcan responsabilidades.
Asimismo, en el documento dirigido al Presidente, destaca que la práctica realizada por el DNI constituye una persecución política y un abuso de poder del gobierno y pide sanciones para los responsables, así como la interrupción la práctica.
El documento, entregado en la legación diplomática dominicana en París, Francia, explica que se interesaron del caso luego de conocer el informe de su delegado en la República Dominicana, Miguel Mejía, quien fue víctima de la intervención telefónica de los organismos militares.
El CICR, dedicado a la defensa de los derechos sindicales y políticos mundialmente, recibió denuncia de la República Dominicana de la intervención de los teléfonos, de lo que se responsabiliza al DNI.
El informe destaca que ese organismo estatal dominicano ha intervenido los teléfonos de políticos, personas públicas, dirigentes importantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y funcionarios del gobierno.
Explica que Mejía, quien es delegado del organismo internacional, también ha sido víctima de la práctica denunciada en la República Dominicana.
Destaca que la práctica viola los derechos individuales, la Constitución y las leyes de la República Dominicana, así como los principios universales de respeto de los derechos humanos y de la intimidad individual.
Explica que se han dirigido a las demás compañías telefónicas, incluida CODETEL porque alegadamente también se prestó a la violación de los derechos individuales.
El organismo internacional asegura que los hechos fueron revelados por la prensa y que el representante de la embajada tenía conocimiento.
Destaca que Pablo Gómez, representante de la República Dominicana en París, declaró a la delegación que transmitiría a través del Ministerio de Asuntos Extranjeros, los documentos para que el Presidente dominicano fuera puesto al corriente de la denuncia.
Sin embargo, Gómez dijo que desconocía el aspecto técnico del contrato clasificatorio confidencial, pero que propondría que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) fuera informado sobre la situación.
En el documento, el CICR informó al representante de la embajada dominicana, que haría lo necesario para que el asunto que cuestiona las libertades individuales sea esclarecido.
Asimismo, informó que solicitó una cita con los responsables de France-Orange y mantiene informada de su iniciativa a las federaciones sindicales francesas de correos, telégrafos y telecomunicaciones.