San Juan. Niñas de 13 y 14 años son obligadas a prostituirse en el interior de Puerto Rico, denunció hoy el Movimiento Amplio de Mujeres de la isla ante la CIDH en Washington, donde también se expresó la preocupación por la creciente presión interna para recuperar la pena de muerte.

“En Puerto Rico hay niñas explotadas sexualmente como prostitutas en las montañas del interior”, explicó a Efe la directora de la organización, Eva Prados, en una entrevista telefónica previa a su intervención de este lunes ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Aseguró que “se trata de un problema poco conocido y es muy difícil tener acceso a datos al respecto”, al tiempo que apuntó que esta es uno más de la larga lista “de graves problemas sociales que se viven en la isla y que en muchos casos suponen violaciones de los derechos humanos».

Sin abandonar la temática femenina, citó como ejemplo que “a pesar de lo que establece la ley local las mujeres no disponen de acceso al aborto gratuito en hospitales públicos” de Puerto Rico. En otros ámbitos, dijo que los menores de familias con bajos recursos que presentan algún tipo de discapacidad no reciben la atención debida en las escuelas públicas y expresó su inquietud por la falta de reconocimiento de ciertos derechos para las personas con una orientación sexual o identidad de género no mayoritaria.

Los inmigrantes conforman otro de los capítulos destacados en la violación de derechos humanos, en especial en lo relacionado a la numerosa colonia dominicana y su “hostigamiento” por parte de la Policía de Puerto Rico. Junto a todo ello, la veintena de organizaciones que participaron hoy en la vista de la CIDH llamó también la atención sobre el reavivado reclamo desde ciertos sectores de la isla de que se recupere la aplicación de la pena de muerte, prohibida por la Constitución de la isla en 1952.

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston (EE.UU.), el que se encarga de los asuntos de la isla, determinó en 2000 que la extensión de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños desde 1917 les obligaba a aplicar la pena de muerte. Actualmente cuando se producen graves crímenes algunos sectores sociales aprovechan para pedir su recuperación, que según algunas interpretaciones podría aplicarse contra condenados en isla siempre que ejecute en el EE.UU. continental.

Durante la vista, el propio secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, reconoció que esta situación jurídica es complicada y en ocasiones hace peligrar una cuestión en la que la isla fue una de las pioneras en el mundo. Como él, otros activistas criticaron que un Gobierno que Puerto Rico no elige pueda imponer su criterio judicial en cuestiones internas de la isla, que mantiene en estatus de Estado Libre Asociado a EE.UU. Miranda también se unió hoy al reclamo de todas las organizaciones pidiendo la excarcelación del preso Oscar López Rivera, un puertorriqueño de 73 años que para amplios sectores en la isla es un preso político y que lleva más de tres décadas en prisiones de EE.UU. acusado de conspiración sediciosa aunque sin delitos de sangre.

Para hablar de libertades individuales sin sonrojarnos tenemos que pedir la excarcelación de Oscar López Rivera”, dijo el dirigente sobre un hombre al que se le acusa de haber formado parte a finales de los 70 de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), grupo responsable de actos de sabotaje contra EE.UU. La directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Annette Martínez, destacó a Efe el hecho de que desde 2009 la CIDH no organizaba una vista dedicada a Puerto Rico. La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) vigila el cumplimiento de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.