POR LLENNIS JIMÉNEZ
El subdirector del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), Francisco Cáceres, declaró ayer que hay denuncias de que en algunas oficinas de planeamiento urbano se cobra dinero para aprobar planos de instalación de gasolineras y establecimientos comerciales en áreas donde se prohíbe la colocación estos negocios.

Dijo que la corrupción ha llegado a tal grado, que un director de planeamiento urbano de una de las principales ciudades del país le confesó que no levanta las llamadas en su oficina porque el 90 por ciento son para sobornarlo proponiéndole permisos que violan las normas establecidas. Cáceres afirmó que lo nocivo de la división territorial que redujo el Distrito Nacional a 104 kilómetros cuadrados está en que los niveles de corrupción municipal que se registraron en la capital se han traspasado a la provincia Santo Domingo. Expresó que la corrupción local se ha distribuido en todos los municipios, y eso, es lo penoso.

Dijo que los problemas que existían en el Distrito Nacional se traducen a nivel de los municipios.

Empero, el subdirector de CONARE planteó que a raíz de la división territorial que creó la provincia Santo Domingo se han mejorado los servicios municipales y hay mayor equidad en la distribución de los servicios. “Pero también hay corrupción”.

Cáceres precisó que la solución del problema depende mucho de la voluntad política de la sociedad civil, desde donde se necesita combatir la situación.“No son los políticos que pagan a los políticos para que sean corruptos”, dijo, tras manifestar que la corrupción la generan en los políticos los empresarios, la gente de la sociedad civil, “de las iglesias, de todos los sectores”.

Dijo que a los directores de planeamiento urbano se les suele insistir para que otorguen permisos de construcciones nuevas y cambien las existentes, ya sea para “cogerse” áreas comunes, como las aceras, subir edificaciones que no han sido aprobadas o montar una planta eléctrica donde no se debe, lo mismo que una gasolinera o cualquier otro establecimiento comercial.

Opinó que vecinos, familiares, dirigentes políticos de la oposición y de su propio partidos, requieren de los directores de planeamiento urbano autorización para iniciar obras no permitidas en las zonas solicitadas. “Tu te quedas asombrado de que eso sea tan fuerte”.

Expresó que a partir de la división territorial se ha establecido una competencia política de mejoramiento de los servicios municipales, como es la recogida de basura en sectores como Las Caobas; barrido de calles como las del ensanche Espaillat.