La entrada al país de productos subsidiados de Centroamérica,  declarados a precio de dumping, ha provocado que el déficit comercial del país con esa región  alcance ya los US$1,200 millones.

La entrada al país de productos subsidiados de Centroamérica, que son declarados a precio de dumping, ha provocado que el déficit comercial de la República Dominicana con esa región  alcance ya los 1,200 millones de dólares, tras haber sido de sólo 73.2 millones de dólares en el 2000, antes de la   entrada en vigor  del Tratado de Libre Comercio.

Se estima que por ese concepto el Estado ha dejado de recibir impuestos por una suma superior a los 3,000 millones de pesos del año 2001 a la fecha, haciendo una competencia desleal a industrias locales productoras de envases plásticos y de vidrio, sacos, alambres eléctricos, medias y calzados, lácteos y otros.

Al no cobro de impuestos a los bienes producidos bajo regímenes especiales y al establecimiento de precios de dumping, se agregan en el caso de muchos productos la práctica de cambiar la canasta, como en el caso de los alambres, que fue pasado de la canasta C a la A y la modificación de las reglas de origen, pues consideran  el cobre como  materia prima nacional, a pesar de que no lo producen.

Como la importación sin pagar impuestos de productos sometidos a regímenes especiales o subsidiados es violatoria del TLC con Centroamérica, que excluye a los artículos  producidos   bajo esa condición, la Dirección General de Aduanas, en  la adminsitración del licenciado Miguel Cocco,  intentó poner orden a la situación con un oficio del 26 de diciembre de 2008 a través del cual se instruía, a partir de esa fecha, a las unidades correspondientes, la Subdirección Técnica, Gerencia de Fiscalización, Departamento de Normas de Origen y el Departamento de Estadísticas, las cuales, atendiendo a una denuncia de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, “procederán a levantar las informaciones y a realizar los aprestos para la reliquidación y aplicación de las multas a los expedientes de las empresas que se compruebe que no declararon las mercancías producidas bajo régimen especial”.

La reliquidación de impuestos nunca  llegó a cumplirse, aunque sí se llegó a un acuerdo para que a partir de enero de este año se comenzara a aplicar el tratado, cobrando los impuestos correspondientes a los productos procedentes de Centroamérica bajo regímenes aduaneros y fiscales especiales.

A eso se agregó una carta del secretario de Industria y Comercio, José Ramón Fadul, al nuevo director general de Aduanas, licenciado Rafael Camilo, del  29 de mayo de 2009, la cual establece que el Estado dominicano tiene el deber de cobrar los aranceles correspondientes a los bienes producidos bajo regímenes especiales, ya sean fiscales o aduaneros.

Como resultado de todo eso, la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX), publicó un aviso el 8 de junio de 2009 en el que establece claramente que la normativa que rige el TLC vigente entre los países de Centroamérica y la República Dominicana no dispone de un tratamiento preferencial para las mercancías originarias o no, producidas, en empresas que se encuentran bajo los regímenes aduaneros y fiscales especiales.

  Agregaba el aviso que tampoco incluye la normativa a productos producidos bajo cualquier régimen de incentivo fiscal, al tenor de lo que dispone el Artículo 4, numeral 1, del Protocolo al TLC Centroamérica República Dominicana, del 16 de abril de 1998, firmado el 29 de noviembre de 1998.

Instaba la DICOEX a cumplir las disposiciones establecidas, y a declarar en el Certificado de Origen correspondiente, el régimen bajo el cual opera la empresa exportadora, siempre que sea un régimen aduanero o fiscal especial.

Advertía, además, que omitir esta información se considerará una declaración falsa de origen, tal como lo establece el Tratado, quedando sujeto a lo dispuesto en la Ley de Aduanas para estos casos.

¿Pero qué pasó? Qué cuando se intentó aplicar esa disposición, de pues de muchos años de violación del tratado, que se aparecieron al país exportadores guatemaltecos con un acuerdo secreto que el 7 de junio de 2008 habían firmado la Dirección de Administración de Comercio Exterior de Guatemala con su homóloga del país y que no conocía incluso las  autoridades de Aduanas y el secretario de Industria y Comercio, en el cual se flexibilizan las normas de entrada al país de los artículos producidos en regímenes especiales, sin esos organismos estar facultados para ello y en violación a lo establecido en el tratado.

A juicio de industriales consultados, esta situación revela la falta de coordinación entre los organismos locales que tienen que ver con la implementación del TLC, lo cual se traduce en una desprotección de la producción nacional.

En el caso de los sacos de polipropileno, el 82.8 por ciento de las importaciones procedentes de Guatemala corresponden a producción bajo el régimen de zonas francas. El país importa por este concepto 1 millón 114 dólares, y de esa suma 923 dólares corresponden a producción en maquilas.

Con el agravante, de que los exportadores centroamericanos hacen dumping, pues el caso que venden a 35 centavos de dólar en su mercado lo declaran en las aduanas dominicanas a 20 centavos de dólar.  El resultado ha sido que de cuatro industrias productos de sacos que tenía el país antes de la entrada en vigencia del tratado, sólo queda una que produce con valor agregado y otra que se limita a ensamblaje.

Las claves

1.  Modificación ilegal

Centroamérica viola el TLC al propiciar su modificación de manera ilegal, para que  incluir como productos beneficiados los producidos bajo regímenes especiales.

2.  Normas de origen

También viola el TLC al modificar las normas de origen en el caso de los alambes eléctricos, pues considera el cobre como materia prima nacional, sin producirlo, y al cambiar la canasta de C a A.

2.  Dumping

Igualmente, viola el TLC al establecer precios de dumping.