LIMA (EFE).- El Frente Independiente Moralizador, partido aliado del gobierno peruano, aseguró ayer que existe «una conspiración» en marcha para derrocar al gobierno del presidente de Perú, Alejandro Toledo.
Fernando Olivera, líder del partido y embajador de Perú en España, dijo que su país «vive horas de prueba para la democracia» en medio de una crisis política desatada por la confirmación de vínculos entre un consejero presidencial y un general vinculado con la red de corrupción del encarcelado ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
«Estamos viendo que existe una conspiración planificada para derrocar al régimen democrático que felizmente está siendo combatida con firmeza, con verdad, con moralidad y justicia», dijo Olivera en rueda de prensa.
El embajador se presentó acompañado por la bancada legislativa de su partido y los ministros de Justicia, Fausto Alvarado, y de la Producción, Eduardo Iriarte, que también militan en su partido.
Olivera dijo que «la etapa final de este plan desestabilizador» se inició a fines de 2003 y mencionó la publicación de una encuesta de una compañía que relacionó con el Partido Aprista Peruano, en la oposición, y al líder de esta agrupación, el ex presidente Alan García.
Añadió que el ex gobernante «proclamó» el 30 de diciembre «la necesidad de adelantar las elecciones generales» que deben celebrarse en Perú en 2006.
«Los hechos posteriores permiten afirmar que esa declaración, de clara intención desestabilizadora, era el punto de partida para luego llegar al clima máximo de desestabilización en este mes», indicó.
Olivera dijo que el gobierno ha presentado «pruebas» de la intención de radicalizar una huelga de cocaleros para organizar «lo que ha significado caída de regímenes democráticos en Bolivia y Ecuador»
«El plan era presentar el ‘bolivianazo’ en Perú», señaló para después decir que este supuesto complot ha sido descubierto «con las armas que permiten defender la democracia».
Olivera consideró que la cita entre Almeyda y el general Oscar Villanueva, que se suicidó en septiembre de 2002, «es delictivo» y su partido lo ha condenado «con firmeza».
«Una cosa es la corrupción de un miembro, por más importante que sea de un régimen, y otra querer inferir de esa responsabilidad individual, la responsabilidad del presidente», dijo.
El embajador, que pidió que las denuncias sean investigadas «a fondo» por la justicia y rechazó las informaciones que indican que tuvo conocimiento de los tratos entre Almeyda y Villanueva.
Al respecto, acusó al diario limeño Correo de haber difundido un «documento fraudulento que contenía información torpe, fácilmente refutable».
Olivera afirmó, al concluir, que la alianza entre su partido y el gobernante Perú Posible «está muy sólida en defensa de la democracia y en denuncia y combate contra la corrupción».
El presidente Toledo dio ayer un mensaje a la nación para asegurar que la actuación de su consejero Almeyda «es un hecho aislado que no implica al Gobierno».
Almeyda, amigo personal de Toledo, desató una tormenta política en Perú tras confirmarse sus reuniones con el general Villanueva, quien se suicidó en 2002 acusado de ser el «cajero» de la red de corrupción que dirigía Montesinos.
El asesor del mandatario, en arresto domiciliario por los presuntos delitos de encubrimiento y cohecho, ha sido apartado de todos los cargos públicos y retirado del partido oficial, Perú Posible.
Toledo también dijo que la crisis abierta con el caso era una «cortina de humo» que buscaba favorecer a los procesados de la red de corrupción montada por el ex asesor del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
A la crisis desatada por la actuación de Almeyda se sumaron el pasado viernes la difusión de nuevas encuestas que sitúan la popularidad del gobernante por debajo del 8 por ciento, así como la dimisión del vicepresidente, Raúl Díez Canseco, acusado de favorecer con exenciones tributarias al padre de su pareja sentimental.