Propietarios del Barahona Coralsol Resort, un hotel ecoturístico ubicado en la zona comprendida entre Bahoruco y La Ciénaga, denunciaron ayer la construcción de una carretera que afecta el equilibrio ecológico de la franja costera, el desarrollo turístico y la inversión extranjera.

Como responsables del proyecto, señalaron a individuos que aparentemente, según han caído en cuentas, están vinculados a la Oficina Supervisora de Obras del Estado.

En declaraciones a HOY, Miguel Díaz Franjul, presidente de la empresa y Eduardo Díaz Franjul, vicepresidente, dijeron que la carretera se pretende construir en una zona muy sensible desde el punto de vista ecológico, por ser una franja pequeñita que va desde el pueblo de Bahoruco, hacia donde está el hotel, bordeada por el mar y que cualquier presión adicional a la que ya tiene, destruiría el entorno, además de que se han derribado varios árboles.

Expresaron que podría hacerse cualquier otra alternativa que sea viable, como por ejemplo, un paseo peatonal embellecido con protección de la franja marítima.

«Si se sigue insistiendo en la construcción de esa obra de manera ilegal, la compañía hará todas las acciones necesarias ante las instancias judiciales que tienen la misión de evitar el desorden en la administración pública», dijo Miguel Díaz Franjul.

Añadió que el tramo carretero no tiene razón económica ni social, ya que no conduce a ningún lugar y arrabalizaría el área que en estos momentos tiene un amplio potencial turístico.

Explicó que por las características de ese precario equilibrio del área costera Bahoruco-La Ciénaga, los gobiernos anteriores tanto del extinto Joaquín Balaguer así como de Leonel Fernández, “desestimaron intentos de grupos inescrupulosos de un lado y de otros intereses sin sensibilidad respecto al equilibrio ecológico».

Asimismo, dijo que por razones de seguridad a causa de los embates de los huracanes, durante el gobierno del doctor Balaguer se trasladó al pueblo del Copey hacia el área que hoy ocupa la comunidad de Fudeco.

Destacó que la inversión hecha por el complejo turístico es de más de RD$30 millones y que pensaban seguir expandiéndose, pero que con acciones como la denuncia, se crea inseguridad, no sólo a ellos, sino a cualquier otro inversionista.

«Esto va a repercutir, porque una condición esencial para el inversionista es tener seguridad en su inversión y evitar que una acción pueda destruir las condiciones básicas para que el inversionista se sienta tranquilo», explicó Díaz Franjul.

Agregó que existen otras modalidades que podrían resultar a menor costo y más atractivas, adecuadas a las características típicas del área, para crear un entorno que permita a esa zona lograr el objetivo de una oferta turística de calidad y equilibrio ambiental que hagan posible los niveles de «Green Globe» a las que están aspirando otras zonas del país que han sufrido las consecuencias de la arrabalización.