Un grupo de dueños de empresas de comercialización de alimentos demandó ayer la revisión del proceso de licitación en el que se le adjudicó a otras compañías la adquisición de insumos para la preparación de alimentos para suplir recintos penitenciarios, la Escuela Nacional Penitenciaria y los centros de corrección de menores del país, ya que entienden que hubo varias irregularidades en el proceso.
Wendy Ferreras, propietaria del Supermercado Los Issas, señaló que es necesaria una revisión porque las adjudicaciones no están de acuerdo con el pliego de requisitos, además de que las empresas que fueron beneficiadas son nuevas, por lo que no tienen el tiempo necesario en el mercado que las autoridades exigen.
Señaló que en el proceso hubo cuatro empresas que quedaron dentro de la licitación, pero que a la hora de ser adjudicadas, les dieron el beneficio a otras compañías que no estaban.
Los comerciantes dijeron que la adjudicación de cientos de millones de pesos en favor de compañías a las cuales no se les conoce una trayectoria en la comercialización ni distribución de alimentos, con domicilios establecidos en oficinas profesionales y locales comerciales, con poco tiempo de ser constituidas e incluso poco tiempo de haberse registrado como proveedores del Estado, evidencia que se trata de compañías de carpeta que han sido utilizadas para ofertar por un precio muy inferior al valor del mercado y así obtener la decisión favorable.
El presupuesto asignado es de RD$ 500 millones.
Señalaron que empresas ubicadas en el Distrito Nacional resultaron adjudicadas en los recintos de la región Suroeste.