Un juez de paz y dos funcionarios judiciales de Haití aseguraron este lunes a The New York Times que en la investigación del homicidio del presidente haitiano Jovenel Moise se han encontrado graves irregularidades que podrían comprometer los resultados de las pesquisas hasta el punto de no dar con los verdaderos responsables.

El juez Carl Henry Destin y los funcionarios Marcelin Valentin y Waky Philostène agregaron que ha recibidio amenazas de muerte si no accedían a modificar las declaraciones de los testigos del asesinato del mandatario haitiano.

Según el Times, Valentin y Philostène dijeron «Haber sido testigos de numerosas violaciones del procedimiento cuando acompañaron a los jueces de instrucción a la residencia del presidente y a los domicilios de los sospechosos. La policía trasladó los cuerpos de los sospechosos de ser asaltantes, se llevó algunas de las pruebas y les negó el acceso a la escena del crimen durante horas, dijeron, en una violación al código legal de Haití».

«Además, Valentin, el funcionario, dijo que poco después de presenciar los interrogatorios iniciales de los sospechosos detenidos y anotar sus declaraciones, recibió una llamada telefónica del jefe de seguridad de Moïse, Jean Laguel Civil, preguntándole qué habían dicho y que ese mismo día, lo visitó en su oficina un hombre al que no conocía, que le exigió que añadiera los nombres de dos haitianos prominentes —el empresario Reginald Boulos y el político Youri Latortue— a las declaraciones de los sospechosos, implicándolos así en el complot», publicó el Times.

Asimismo, el reportaje del medio estadounidense establece que «Más de tres semanas después de que los asaltantes irrumpieran en la residencia de Moïse y le dispararan 12 veces en su dormitorio, los investigadores haitianos han detenido o están buscando a más de 50 sospechosos. Pero ninguno de los 44 detenidos —incluidos los 18 comandos retirados colombianos acusados de participar en el asalto a la residencia presidencial y los más de una docena de agentes de seguridad encargados de proteger a Moïse— ha sido acusado o llevado a juicio».

La ley haitiana exige que los sospechosos sean acusados en un plazo de 48 horas o puestos en libertad, y los abogados que representan a algunos de los sospechosos dijeron que el retraso podría poner en peligro el juicio. A muchos de los detenidos no se les ha permitido contar con asesoramiento jurídico, y algunos han declarado a sus representantes legales que fueron golpeados para obtener confesiones.

“Todo esto es muy irregular e ilegal”, dijo Samuel Madistin, abogado que representa a dos de los sospechosos. “Si la gente no confía en el proceso, no confiará en el veredicto”.