Hoy 
WASHINGTON
AFP
Las agresiones contra activistas han ido en aumento en el continente y varios países incumplen medidas de protección otorgadas a personas en riesgo, a veces con consecuencias mortíferas, advirtió ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Hemos hecho avances en algunas áreas en la promoción del respeto de los derechos humanos en el continente, pero en otras áreas hay preocupación», dijo la presidenta de la CIDH, la estadounidense Dinah Shelton, en rueda de prensa, al cierre del primer periodo de sesiones de la Comisión de este año.
Organizaciones han denunciado ante la CIDH 50 homicidios de defensores de derechos humanos desde 2006, así como un incremento en el número de amenazas, ataques y hostigamiento, señalaron las autoridades de la Comisión.
La CIDH, brazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vigila los derechos humanos, está especialmente preocupada por la situación de los activistas en Honduras, Venezuela, Colombia, México, Brasil, Chile, Guatemala y Ecuador, dijo Shelton.
Ante los «patrones de obstaculización», la Comisión creó una relatoría especial para los activistas, «para hacer más visible la preocupación» por la violación de sus derechos, indicó el comisionado mexicano José de Jesús Orozco.
Existe una «criminalización o la utilización del sistema penal» contra los defensores, advirtió Orozco.
La CIDH expresó su «profunda preocupación por la falta de cumplimiento» por parte de varios países de sus decisiones y sus medidas cautelares, señaló Shelton.
100 asesinatos.- La Comisión recibió denuncias de 100 personas asesinadas en los últimos 10 años a pesar de que contaban con medidas de protección dictadas por la CIDH.
Una de las situaciones más preocupantes es la de Estados Unidos, que ha ignorado medidas a favor de catorce personas condenadas a muerte, ejecutados a pesar de que se constató «violación grave a las garantías judiciales y al debido proceso», dijo Orozco.
Estados Unidos argumenta que las medidas cautelares no son vinculantes, pero Orozco recordó que según las normas interamericanas todas las recomendaciones y medidas de la CIDH «son obligatorias».
Shelton reconoció que en algunos casos se incumple por falta de capacidad institucional, como en Haití, donde el gobierno no ha podido brindar protección a las 800,000 personas que aún viven en campos de refugiados a más de un año del terremoto de enero de 2010.
La clave
El caso de Haití
Shelton reconoció que en algunos casos se incumple por falta de capacidad institucional, como en Haití, donde el gobierno no ha podido brindar protección a las 800.000 personas que aún viven en campos de refugiados a más de un año del terremoto de enero de 2010. Por otro lado, la CIDH criticó la continua violación de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de junio de 2009 y los desplazamientos forzosos de personas en algunos países para construir enormes represas.
