EFE 
San Juan, EFE.- El Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH) en Puerto Rico denunció hoy la muerte de un compatriota a causa de disparos efectuados presuntamente por un agente policial fuera de servicio y borracho, un caso todavía sin esclarecer.
El presidente del CDDH, José Rodríguez, señaló a Efe que el incidente ocurrió el 26 de abril en Caguas, localidad del interior de Puerto Rico, donde el técnico de computadoras dominicano Epifanio Abreu se vio envuelto en un forcejeo con el dueño de un establecimiento por diferencias por el pago de un servicio.
En ese momento, el agente policial, identificado como Benito Cruz Sánchez, intervino tras lo cual el ciudadano dominicano resultó lesionado y salió del lugar. Abreu regresó al establecimiento con un machete, pero en el camino se encontró con Cruz Sánchez, quien supuestamente le disparó mientras pronunciaba la frase- “yo voy a matar a este desgraciado».
“Seguimos y seguiremos denunciando estos atropellos contra la comunidad dominicana en Puerto Rico. Los policías continúan entrando sin órdenes a las casas y a los establecimientos, de cuales algunos han tenido que cerrar por miedo”, denunció Rodríguez.
Exigió además al alcalde de Caguas, William Miranda Torres, y a las autoridades a que investiguen y juzguen a Cruz Sánchez. “Estamos cansados de que el Departamento de Justicia no haya encontrado culpable a ningún policía por cometer algún delito contra algún dominicano”, indicó.
Ramonita Parra, conocida de Abreu, señaló hoy a Efe que su compañero nunca tuvo problemas durante los 24 años que vivió en Puerto Rico. “Nunca tuvo un no para el prójimo. Nuestro propósito acá era buscar nuestro sustento para vivir. Eso era todo”, relató Parra.
Esta muerte se suma a otros hechos que la comunidad dominicana en Puerto Rico ha denunciado durante los pasados meses contra las fuerzas locales del orden por intervenciones violentas contra negocios gestionados por inmigrantes de esa nacionalidad.
Se estima que en Puerto Rico vive cerca de medio millón de dominicanos, muchos de ellos sin la debida documentación migratoria, en una isla que oficialmente cuenta con una población de 3,7 millones de habitantes.
