San Juan, Puerto Rico. INS.  La crisis económica que enfrenta Puerto Rico ha acrecentado la discriminación y el racismo en contra de los cerca de 200 mil dominicanos que residen en la isla y que sufren desde palizas, violación de derechos y hasta la muerte por situaciones en que las autoridades se muestran indiferentes o pasivas.

La presidenta del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, aseveró que tanto las autoridades estadounidenses en la isla como las estatales violan constantemente los derechos de los inmigrantes dominicanos. Como ejemplo de la discriminación y el racismo hacia la comunidad dominicana, mencionó que el Departamento de la Familia niega el derecho que tienen las inmigrantes dominicanas a recibir los servicios que ofrece esa agencia y los funcionarios se muestran indiferentes a las situaciones que enfrentan debido al prejuicio. En un foro titulado “La comunidad dominicana y los crímenes de odio”, celebrado anoche en el Colegio de Abogados, Grullón precisó que los niños de inmigrantes nacidos en Puerto Rico, aunque sean hijos de residentes ilegales, tienen el mismo derecho que otros a recibir las ayudas que ofrece el Departamento de la Familia.

Pese a este derecho, advirtió que en ocasiones el personal de la agencia colabora en las deportaciones y justifica la custodia de los niños, que en muchos de los casos son hijos de padres puertorriqueños. La misma situación se asume en los departamentos de Salud y de Educación, aseguró Grullón. La presidenta del Centro de la Mujer Dominicana expuso que en el caso del Departamento de Salud, se niega a ofrecer servicios a las inmigrantes indocumentadas y a otras mujeres por no tener la Reforma de Salud, “en franca violación a los derechos humanos”.

En el caso de la violencia doméstica en contra de las inmigrantes que están ilegalmente en Puerto Rico, manifestó que tiene la particularidad de que están condicionadas por su estatus migratorio y no pueden acudir ante las autoridades para presentar una denuncia. Grullón señaló que ocho de cada diez mujeres que acuden en busca de ayuda al Centro están en la isla de manera irregular, lo que las hace más vulnerables con el abusador y el sistema, ya que las amenazan con llamar al Servicio de Inmigración. “Están desprovistas de la Ley 54, las deportan y dejan a sus hijos en la isla, en franca violación a sus derechos, se les violan sus derechos de diferentes formas”, precisó.

Prueba de odio

La abogada Ada Conde, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos, coincidió con Grullón y aseguró que a pesar de que ha quedado evidenciada la discriminación y el odio contra la comunidad dominicana en la isla, actualmente la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) no posee estadísticas del tema.»No hay ni una estadísticas del delito de prejuicio», manifestó Conde, quien recordó que la agresión de la que fue objeto la transexual Francheska González Vázquez no fue calificada de “odio”, a pesar de los epítetos usados en su contra. Sostuvo que otras situaciones que enfrentan los dominicanos residentes en la isla son el hostigamiento, incluso el verbal y la omisión en el cumplimiento del deber de los funcionarios del orden público, que incluso llegan al extremo de que los policías no toman querellas.