Hoy 
La Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau (REDH) denunció hoy que el pasado día 10 de junio un grupo de 80 dominicanos de ascendencia haitiana, incluidos niños, fueron despojados de sus documentos de identidad.
Agregó que esto obedece al prejuicio y discriminación contra los haitianos, al tiempo que manifestó que detrás de esta situación no está solo la Junta Central Electoral (JCE), sino un grupo de sectores.
El abogado Genero Rincón, indicó que al país le falta voluntad para buscar una solución definitiva a esta situación y que el Estado debe tomar cartas en el asunto.
En ese sentido, la Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS) para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos había denunciado que en lo que va de año, la Dirección General de Migración, ha expulsado más de 3,334 inmigrantes haitianos.
La RFJS lamentó que las autoridades migratorias dominicanas se constituyan en violatorias de los derechos humanos, al no respetar los protocolos de entendimientos firmados por los gobiernos dominicanos y haitiano, que señalan que las repatriaciones no deben realizarse después de las 6:00 de la tarde.
La última de estas expulsiones masivas se produjo el día nueve de junio por la puerta fronteriza de Comendador, provincia de Elías Piña. Esta vez 91 personas, 81 hombres y 10 mujeres, fueron abandonados nuevamente a su suerte tras la línea que divide ambos países, señala de red en una nota de prensa.
Las personas expulsadas en este nuevo acto administrativo de las autoridades migratorias estuvieron tres días detenidos en el puerto de Haina. Como ejemplo de la política poco clara y nada transparente que actualmente está llevando la Dirección general de Migración, debemos destacar que entre el grupo de expulsados se encontraban tres personas de Sri Lanka, una pequeña isla ubicada al sureste de la India en Asia, y que fueron dejados con el resto del grupo en la puerta fronteriza de Comendador-Belladere, a más de 15 mil kilómetros de su casa, denunció la Red Fronteriza Jano Siksé.
RFJS destacó que en la mayoría de los casos los migrantes no tienen la oportunidad de impugnar o apelar las órdenes de deportación.
