POR ALEIDA PLASENCIA
Las reducciones desfasadas sobre densidad para la construcción de viviendas en el  centro de la ciudad de Santo domingo estarían provocando “una anarquía urbana”y exclusión social.

Esta afirmación la hizo el  presidente de la Asociación  de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), ingeniero Jaime González, entrevistado en el Encuentro Económico de Hoy.

 A su juicio esta situación limita el crecimiento horizontal obligando a  los constructores a buscar soluciones habitacionales de manera vertical, con lo que se  contribuye a generar mayor demanda de  infraestructuras de servicios en zonas aledañas a la ciudad.

 González, entrevistado junto en compañía de Leonardo López, vicepresidente de Constructora Amelia; Héctor Radhamés Tapia, gerente de Ingeniería RTC Dominicana, empresa inmobiliaria; y Héctor Bretón, gerente de Proyectos de Construcciones Planificadas S.A.,  explicó que   la restricción establecida por los ayuntamientos impide que en las zonas céntricas de Santo Domingo  se desarrollen proyectos de viviendas para demanda de la clase media y media baja, por el costo. Aclaró que esta  limitación  se da  específicamente  en las zonas correspondientes al  Distrito Nacional.

El problema radica, según explicó, en que se exigen unos linderos exagerados en las obras  e incluso se limita la cantidad de  pisos de los edificios, lo que hace que los apartamentos resulten más costosos, y haya que venderlos a precios más elevados. Hay  zonas en las que los edificios  no pueden pasar de siete niveles, lo que consecuentemente incide para que los precios de los apartamentos sean más altos que si se permitiera construirlos de 12 pisos, de acuerdo a lo explicado por González, López, Tapia y Bretón.  

Según dijeron, esta situación trae como consecuencia  que en los lugares céntricos de la ciudad solo las familias de clase alta y media alta puedan acceder a viviendas en esas zonas.  Fuera del centro de la ciudad se está creando una anarquía, con la promoción de asentamientos humanos desorganizados  y no hay una política de Estado que determine qué hacer para solucionar la situación, sostuvo González, tras abogar  porque se apruebe el proyecto de Ley de Viviendas de Asentamientos Humanos y Edificaciones.