SAN JUAN (EFE).- Organizaciones de derechos civiles denunciaron la violencia contra la comunidad dominico haitiana, que desde el pasado 9 de mayo ha producido asesinatos, agresiones y deportaciones en masa en la frontera de la República Dominicana y Haití.

Al menos 4,000 personas de origen haitiano fueron deportadas en tres días por las autoridades dominicanas, denunció Hilda Guerrero.

Guerrero, del Comité Pro Niñez Dominico Haitiano, señaló en una conferencia de prensa que los incidentes de violencia aumentaron luego de la muerte de una ciudadana dominicana, presuntamente asesinada por un grupo de haitianos, en Hatillo Palma (al noroeste del país) lo que desató la ira de los vecinos y obligó a los inmigrantes a salir del pueblo.

«Las autoridades dominicanas comenzaron a expulsar de manera arbitraria e indiscriminada a personas nacidas en la República Dominicana a pesar de contar con la documentación legal requerida…los funcionarios de migración irrumpen en las viviendas, rompen las puertas, y mientras detienen a los haitianos, grupos de personas saquean y les roban las escasas pertenencias», afirmó Guerrero en una conferencia de prensa.

La portavoz del Comité Pro Dominico Haitiana agregó que las principales víctimas de esta «ola de terror» son mujeres, niños y adolescentes. Los casos de expulsión y agresión se han registrado en varias regiones de norte como Santiago, Mao, Valverde y, en el sur, Enriquillo.

Mencionó que muchos niños nacidos en República Dominicana de padres haitianos han sido deportados sin sus padres. Igualmente, han forzado la salida de inmigrantes haitianos que han tenido que dejar atrás a sus hijos.  Guerrero explicó que hay varias organizaciones en Haití que han recibido a los refugiados y los han alojado en una iglesia.

Saúl Pérez, del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, y Tesius Belford, del Comité Solidaridad por Haití, reclamaron al presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, que «se responsabilice» y detenga los incidentes violentos y repatriaciones. Pérez envió hoy una carta al Presidente dominicano para exigirle que detenga «estos atropellos que se están llevando a cabo por el Departamento de Inmigración y por otros estamentos del gobierno dominicano, y que los responsables de esta barbaridad sean puestos ante la justicia».

Según Pérez, estos eventos son un subterfugio para lograr un estado de «ingobernabilidad en el país» que justificaría la intervención política y militar de Estados Unidos en ambas naciones del Caribe.

Aseguró que Fernández ya ha hecho acercamientos con funcionarios de Estados Unidos para lograr «apoyo militar con la excusa del narcotráfico y el contrabando de armas» pero en realidad en una manera de «militarizar la frontera dominico-haitiana».

Por su parte, Belford sostuvo que recientemente el canciller de Haití, Hérard Abraham, se reunió con su homólogo dominicano, Carlos Morales Troncoso, y acordaron detener las deportaciones pero «la gente teme que se repita matanzas como las ocurridas en 1937, bajo el régimen de Rafael Trujillo».

Belford y los demás defensores de los derechos humanos detallaron que el problema principal es el «anti-haitianismo» que prevalece en la población civil de República Dominicana y en las autoridades gubernamentales.

Estos comités de derechos civiles se han comunicado con otras organizaciones internacionales para que intervengan, denuncien y exijan al gobierno dominicano que detenga los «atropellos… porque la situación no aguanta más», sostuvo Isabel Feliciano de la Alianza Puertorriqueña Anti Racista.

Por su parte, Romelinda Grullón, del Comité de Mujeres Dominicanas en Puerto Rico, exhortó a la comunidad dominicana en Puerto Rico se solidaricen en contra de la violación a los derechos humanos por xenofobia.