POR RAFAEL ARACENA V.
LA VEGA.- El Comité de Defensa de los Derechos y el Medio Ambiente de Guaiguí se quejó contra el Estado dominicano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por los alegados abusos en contra de moradores de esa comunidad, con la construcción de la presa de Guaiguí.

La entidad señala que el Estado, a través de sus representantes en el Gobierno, deberá enfrentar la demanda, en tanto que justicia de La Vega tendrá la oportunidad de llevar un juicio oral y contradictorio, «en el que deberán responder los autores de tanta maldad contra decenas de familias campesinas».

«Todos deberán responder por tantos abusos de poder sin tomar en cuenta los reclamos de la comunidad, y ni siquiera el informe rendido por la Asociación Internacional para el Estudio del Agua y los Forestales FIVAS, una organización independiente de Noruega que se dedica a evaluar estos tipos de proyectos en el mundo», expresa.

El ingeniero Víctor Valdez, presidente del Comité de Defensa de Guaiguí, señaló que el referido informe de FIVAS señala lo perjudicial que sería la construcción de este proyecto, sin observar las normas estándares internacionales de la Comisión Mundial de Represas.

Citó otras reglamentaciones como la ley 64-00, de Medio Ambiente de la República Dominicana, así como la alegada violación al Derecho Ambiental Mundial. «Ya se han comenzado a ver las consecuencias de realizar una obra bajo el criterio del galloloquismo y el oportunismo, pues, a pesar de las advertencias de que en esa zona existe una gran falla geológica», expresa.

Indica que el túnel de desvío se derrumbó en más de siete ocasiones, lo que, entre otras cosas, influyeron fuertemente para que la obra hasta hoy esté paralizada.

Indicó que se ha denunciado que lo que se pretende construir en el lugar es un proyecto turístico, que echaría fuera de su hábitat a decenas de familias que por generaciones han vivido en el lugar.