La existencia de corrupción en la administración pública está siendo  denunciada desde dentro. Ha sido denunciada reiteradamente y por personas del oficialismo con buen crédito público. No se trata de un argumento o una campaña de la oposición política para tratar de dañar la imagen del Gobierno. La más reciente de estas denuncias la ha hecho el director general de Aduanas, Miguel Cocco, quien pide que se actúe con mano dura contra quienes hayan adquirido -desde sus cargos en el Gobierno- riquezas que no podrían justificar. Atribuye a lo que define como “estado de podredumbre”  el hecho de que el país no haya podido superar la pobreza.

No es la primera vez que Cocco denuncia corrupción en el Gobierno. No ha sido el único que lo ha denunciado. El 18 de noviembre del 2008 -para citar una de las varias oportunidades en que se ha pronunciado sobre el particular- el doctor Euclides Gutiérrez Félix, superintendente de Seguros, pidió que sean sancionados sus compañeros del Partido de la Liberación Dominicana que se hayan corrompido en el ejercicio del poder. Si estos dos funcionarios han podido ver que hay  gusanos en la manzana, es lógico deducir que, a menos que hayan decidido ser ciegos,  deben haberlo visto otros funcionarios con autoridad para investigar y actuar. Preocupa que a estas denuncias -reiteradas por demás- se les da por respuesta el silencio.

Presiones intolerables

Las presiones contra las periodistas Margarita Cordero, María Isabel Soldevila, Norma Sheppard y Mayra La Paz que han ejercido dos hombres que se hicieron pasar por miembros del FBI y que estarían al servicio del senador Alejandro Williams, constituyen un acto intolerable que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, por el Senado, que debe pronunciarse de inmediato, y por la autoridad judicial competente. Se trata de actitudes  reñidas con el clima de libertades que disfruta el país.

El ejercicio periodístico, como instrumento idóneo de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, tiene que ser preservado de arranques de intolerancia como el que motiva este comentario. Estas visitas domiciliarias y la forma compulsiva para exigir información constituyen un acto que pretende intimidar a informadoras en su ejercicio profesional. Las autoridades tienen que dar una respuesta satisfactoria a estos intentos de  censura.