La denuncia es vieja, tan vieja como la vocación para el exceso de los miembros del organismo responsable de la persecución del narcotráfico, pero también recurrente; tanto, que quien no sepa, porque acaba de llegar al país, que aquí las instituciones que persiguen el crimen y el delito, al igual que el sistema de justicia, tiene una vara para medir a los pobres y otra muy distinta para los ricos, se sorprendería grandemente de que ninguna autoridad se moleste en ponerle atención. Las organizaciones comunitarias y religiosas de Capotillo, el barrio más “caliente” de la zona norte del Distrito Nacional, saben de lo que hablo, pues llevan años denunciando, entre otros abusos, que los miembros de la DNCD les meten drogas en los bolsillos a los jóvenes para justificar su apresamiento. Y lo mismo ocurre en Guachupita, otro barrio “caliente” donde abundan las denuncias sobre los excesos de los agentes antinarcóticos, como el grupo de comunitarios que el pasado jueves se apostó frente al edificio que aloja al organismo antinarcóticos, en la avenida Máximo Gómez, para ver si así los ven y los escuchan. Según Marcelina Rodríguez, quien encabezó el grupo, el pasado 7 de abril miembros de la DNCD que perseguían a unos supuestos delincuentes irrumpieron violentamente en su casa, registraron a sus dos hijas menores, y se llevaron 37 mil pesos que tenía guardados producto de su trabajo como vendedora de productos de belleza. Es probable que a la autoridad no le interese indagar esa denuncia, la misma autoridad que tendría un comportamiento muy distinto si quien denuncia el robo es la propietaria de una joyería del Polígono Central, que podría ser la suegra de un funcionario “pegao” del gobierno. Alguien me preguntará que para que está entonces el Ministerio Público, y yo le responderé que, lamentablemente, allí también saben que las denuncias de los pobres siempre pueden esperar.