El Departamento de Estado de Estados Unidos informó ayer que en República Dominicana se violan los derechos humanos y cita más de 15 situaciones, incluyendo la expulsión de haitianos y personas de ascendencia haitiana. El l Gobierno dominicano dijo anoche que ese informe no refleja la realidad.

“El cierre de la frontera con Haití por parte del Gobierno en septiembre y la posterior suspensión de la emisión o renovación de permisos de residencia, visas y certificados de solicitante de asilo para migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluidos apátridas, colocaron a poblaciones que ya eran vulnerables en mayor riesgo”, indica el informe de Estados Unidos.

Señala que en el año hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, incluida la expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus reclamos de estatus legal.

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Cita los casos de homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios.

También la interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, “incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos; grave corrupción gubernamental”.

Incluye además violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica y los feminicidios; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas de ascendencia haitiana; trata de personas, incluido el trabajo forzoso.

Cita también los delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, o intersexuales y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil.

Sobre la integridad de la persona indica que hubo varios informes de que la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad del Gobierno cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos durante el año.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que 75 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre. Si bien la Fiscalía General procesó algunos casos de abuso por parte de la policía, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no fueron denunciados debido a la falta de fe del público en el Gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía”, indica.

Agrega que hubo informes de muertes inexplicables bajo custodia que ocurrieron en operaciones de detención y deportación de migrantes, como es el caso de que supuestamente en una operación de interdicción migratoria en Cap Cana, la Policía y agentes de migración dispararon contra trabajadores de la construcción, matando a Jean Modes Fontas e hiriendo y a otras personas.

Indica que también hay discriminación salarial.